El presente texto fue actualizado debido a que a las 6:30 horas del jueves 5 de junio, se terminó con el computo de las actas de la elección judicial.
El Instituto Nacional Electoral (INE) había establecido como fecha límite el martes 3 de junio para anunciar, incluso con un mensaje de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, la conclusión del cómputo de las actas. El objetivo era informar sobre el total de votos de la elección judicial, pero los anuncios se pospusieron y las cifras se mantuvieron varias horas con el 99.8931% de las actas computadas.
Los datos de los cómputos revelan que el total de electores que participaron en estos comicios fue de 12,965,576, lo que representa un 13.0184% de participación. Llama la atención que el porcentaje de votos nulos o con recuadros sin utilizar suma 22.8452% del total de votos recibidos.
Estas cifras implican que no se alcanzó la meta de 13 millones de votantes. Al descontar los votos nulos y las boletas con recuadros sin utilizar, el dato real de electores que votaron válidamente en la elección judicial se reduce a menos de 10 millones. Esta cantidad dista mucho de las expectativas de los promotores de estos comicios, quienes esperaban una participación de 20 millones de votantes.
Además, es crucial analizar la razón por la cual el INE no pudo completar la totalidad de los cómputos en el plazo que dieron a conocer desde el cierre de las casillas como lo habían informado.
Digno colofón de la farsa
Desde que se anunció la realización de la elección judicial, el INE advirtió sobre la falta de presupuesto, la insuficiencia de tiempo para organizar comicios de tal magnitud —considerando el número de candidatos participantes— y el riesgo de confusión entre los votantes debido al diseño normativo. Lamentablemente, todas estas previsiones se cumplieron.
La escasa participación es el resultado de una reforma apresurada, con fallas en su concepción, que generó más problemas que soluciones. El hecho de que el INE no pueda concluir los cómputos es una muestra adicional de las deficiencias de esta reforma.
Al oficialismo, sin embargo, parece no importarle la calidad de la elección, la baja participación o la cantidad de votos nulos. Ahora pueden celebrar que los jueces que impulsaron, incluso con la ayuda de «acordeones», llegarán al Poder Judicial. Esto augura el fin de la imparcialidad, dando paso a una «justicia» alineada con la voluntad de sus promotores.
El INE había anticipado que tardaría hasta 10 días en dar a conocer los nombres de los candidatos ganadores, un plazo que contrasta con la tradición de anunciar los resultados la misma noche de la elección. Este período podría extenderse si, como se observa, el cómputo de las actas no se finaliza en los tres días posteriores a la votación.
Así, no debería sorprendernos si el partido oficial, con la iniciativa de reforma electoral ya anunciada, inicia el desmantelamiento de la estructura actual del INE para sustituirla por una afín a sus intereses, permitiéndoles controlar las elecciones. Incluso la violación de las leyes por parte del propio gobierno podría volverse habitual, ya que no habrá una autoridad que haga valer el Estado de derecho en México. Recursos como las consultas populares o las de revocación de mandato podrían dejar de ser viables ante una autoridad electoral subordinada al partido oficial.
Desconcertada. Estupefacta. ¿Quién iba a imaginarlo?pic.twitter.com/pCZmRpdHl6
— Aurelio Asiain🗣️ (@aasiain) June 4, 2025
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