La segunda alternancia ofertaba un cambio en la conducción política del país. La derrota de la parálisis generada por dos administraciones débiles y sin rumbo. El fin de un fallido periodo de experimentación democrática. 12 largos años para extrañar al PRI. La elección de 2012 restablecería el curso histórico de nuestra vida nacional. Volvería la mano firme, la fina operación política, la omnipresencia del poder. El águila se postraba nuevamente al acecho de los privilegios creados y de las impunidades que se fosilizaron en la docena panista. Extendía sus largas alas para cubrirlo todo bajo su imponente sombra. El águila que mostraba sus afiladas garras como recordatorio de que no se juega con el depredador. Por fin se marchaban las ingenuas tórtolas que no supieron usar el poder. Ese club de aficionados que se sentaron en la silla por accidente. Esos ingenuos que pensaron que la democracia lo resolvería todo.
El nuevo régimen priista marcaba las coordenadas de la ruptura con su pasado reciente: la seguridad. Para cambiar la percepción, lo primero que se debía de hacer es provocar el silencio, sacar de los titulares noticiosos las balaceras y los muertos, eliminar del discurso oficial la explicación de las causas y de las soluciones. Poco a poco, era la apuesta, la gente olvidaría el problema. El gobierno requería una narrativa que lo diferenciara de la administración anterior y que eclipsara la preocupación sobre la seguridad: las reformas estructurales y el momento de México, el Presidente que salva a la nación porque hace lo que otros no pudieron, los reformistas que vencen las resistencias y los vetos, los dialogantes que obtienen los votos intercambiando agendas.
En seguridad, la situación mejoraría con un simple cambio de modos. A las entidades federativas no había que exigirles o asignarles responsabilidades. Esos son desplantes de frustración de quienes no saben pedir o negociar. La coordinación era el tono de los nuevos tiempos. Los gobiernos harían sus deberes más rápido y de mejor manera si se les invitaba a las fiestas, si se ocultaban las estadísticas, si no se les evidenciaba en público. ¿Para qué indicadores transparentes sobre incidencia delictiva o metas verificables de depuración policial en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, si se pueden hacer compromisos de palabra en las comidas trimestrales de la Conago? ¿Qué sentido tiene pensar en mecanismos constitucionales y democráticos de intervención federal en entidades federativas si se tiene la anuencia del gobierno local para recibir y aplaudir a un comisionado federal? ¿Por qué detener con fuerzas federales a un alcalde coludido con el crimen organizado si se cuenta con la “disposición coordinada” del gobernador para cuidar que no se escape?
La realidad se impuso: dejar de hablar de seguridad no es solución; la coordinación es la coartada de los ámbitos locales para dejar hacer y dejar pasar. Después de dos años de gobierno y de cifras alarmantes en homicidios, secuestros, extorsión y en delitos comunes como robo, el gobierno federal mantiene en los hechos la estrategia de la administración anterior: las fuerzas federales, incluidos el Ejército y la Marina, siguen en las calles en funciones de seguridad pública, dada la debilidad y corrupción de las corporaciones policiacas y la brutal fortaleza financiera y de fuego de las organizaciones criminales; el gobierno federal asume prácticamente toda la carga en la generación de capacidades institucionales y en la reconstrucción del tejido social, ante el notorio y crónico vacío que han dejado las entidades federativas. Errático, el gobierno federal no encuentra cómo dejar de hablar sobre inseguridad, balaceras, muertos y desaparecidos.
El gobierno peñista calculó que la economía no admitía cambios de rumbo. Integró un equipo que ofertaba continuidad. En la entrega de sus cartas credenciales a los mercados, se presentaron como genuinos ortodoxos del equilibrio presupuestario, de una política económica centrada en la contención de la inflación, de una política fiscal orientada a la inversión, de un gasto público dirigido a multiplicar efectos en la demanda agregada. El primer paquete económico de la administración era un fiel tributo al compromiso de continuidad: sin cambios en la carga fiscal y con déficit cero, el gobierno dejaba claro que la estabilidad llegó para quedarse y no variaría un palmo por la llegada de los nuevos inquilinos. La economía seguiría bajo el consenso de los últimos 20 años.
Pero tal continuidad se quedó en el discurso. El gobierno apostó por una reforma fiscal que distorsionó mercados que funcionaban eficientemente y que cargó los costos sobre los mismos de siempre. Diez meses después de festejar el déficit cero, el gobierno consiguió la aprobación de 70 mil millones de pesos en deuda para cuadrar el presupuesto del primer año. En dos años se ha contratado más deuda que en los 12 años anteriores. El gasto programable ha alcanzado su máximo histórico: 23% del PIB. Se ha deslizado el precio de los combustibles no con el propósito de reducir un subsidio caro y regresivo, sino con el fin de hacerse de recursos adicionales. Para 2015, vía el precio de las gasolinas, se impuso un impuesto que nos costará 24 mil millones de pesos. Se reedita la irresponsable cosmética financiera: en escenarios previsibles de disminución en los precios internacionales y en la producción de Pemex, el gobierno crea recursos ficticios sobreestimando en la ley los ingresos petroleros. Recaudación inestable, gasto público en jauja, deuda creciente. Fin del consenso de la estabilidad.
Continuidad donde se ofreció cambio; discontinuidad donde se comprometió persistencia. Seguridad y economía: el águila en sus extravíos.
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