Le llegó pronto su revancha a la Universidad Nacional. Son casos muy distintos, cierto, pero vuelve a ponerse a prueba la integridad académica de una institución fundamental e imprescindible para el país. Tras el triunfo de la trampa en el caso de la ministra plagiaria, sería traumático que se repitiera la historia. No puede aceptarse otra cosa distinta a una investigación rigurosa y transparente que aclare lo ocurrido y se actúe en consecuencia.
El fraude en el examen de selección afecta no solo el prestigio de la universidad, también el plan de vida de miles de jóvenes. De 158 mil 712 aspirantes ingresaron solo 21, 962, el 13.8%. Casi 137 mil no lo lograron y muchos de ellos están convencidos que se quedaron fuera porque otros hicieron trampa. Cada estudiante seleccionado de manera fraudulenta le quitó el lugar a alguien que sí lo merecía, injusticia desgarradora e intolerable.
Según análisis publicados de los resultados, es difícil dilucidar quiénes de los seleccionados ingresaron por sus méritos y quiénes incurrieron en algún tipo de trampa, es decir, la sospecha abarca al ejercicio en su conjunto. Por supuesto, habrá que esperar la investigación anunciada por la propia UNAM.
Repetir el examen de manera presencial pondría de nuevo el terreno parejo y recuperaría la confianza perdida, hacia allá me inclino, pero reconozco que eso sería un agravio para los que aprobaron de manera legítima. ¿Si, como algunos apuntan, no se puede distinguir a los tramposos de los que no lo son, qué hacer con la duda?
La encrucijada es complicada porque la injusticia tiene doble filo y es probable que se acabe discutiendo el mal menor. México pasa por su peor crisis de ética pública. Suprimieron la división de poderes con mayoría calificada espuria en el Congreso y clientelas con acordeones en las urnas. La UNAM tiene la posibilidad de mostrar una moral distinta, reivindicando la honestidad y el cumplimiento de las reglas.
Latinosy latinoamericanos
No es una discusión en frío, el escándalo previo es una cicatriz abierta. El plagio de la ministra revelado por Guillermo Sheridan -confirmado por el Consejo Técnico de la FES Aragón y, todo indica, también por el Consejo Universitario- lastimó a la UNAM porque la trampa quedó impune y hasta resultó rentable para la reincidente asesora de tesis que acabó siendo indemnizada.
Fue frustrante atestiguar cómo jueces cooptados silenciaron y maniataron al Consejo Universitario, en claro conflicto de interés por favorecer a una ministra en funciones que, además, presidió el tribunal del que salieron los amparos que anularon la autonomía. Las autoridades universitarias pudieron actuar con más rapidez, audacia y firmeza, pero no quisieron retar al obradorato que cuida de sus corruptas criaturas.
Las trampas en el examen minan la confianza social y debilitan a la institución, lo cual aumenta el riesgo de que la crisis sea aprovechada por un régimen que ansía someterla. Pese a todo, la UNAM ha resistido al control obradorista, aunque por realpolitik haga algunas concesiones. Sigue siendo un espacio libre y plural que aporta mucho a la nación y así debemos preservarlo.
López Obrador propuso con fobia meritocrática quitar el examen y que los lugares se sorteen. De esa manera evitarían rendir cuentas por el deterioro de la calidad en los niveles básicos de la educación pública. Sin examen no hay filtro por conocimientos y las carencias por ceder la rectoría al SNTE y la CNTE no serían impedimento para que, con suerte, estudiantes con mala preparación entren a la UNAM. Por supuesto, el remedio sería peor que la enfermedad y se incentivaría la mediocridad académica, rezagando al país. Todo muy 4T.
PD. Como consejero universitario de la Facultad de Filosofía y Letras participé en el Movimiento de Excluidos de 1995 que derivó en una huelga de hambre y la toma de la Torre de Rectoría. Entonces se demostró que hubo venta de exámenes y el Consejo Universitario nombró una comisión de la que fui parte para proponer medidas que evitaran su repetición y se mejorara el proceso, mismas que fueron aprobadas por unanimidad. Entonces no existía la IA, pero la memoria institucional debió evitar que la historia se repitiera 30 años después.
