Infame por donde se le vea resulta la afirmación del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ante el azorado pueblo de Huejotzingo que lo escuchaba:
“Yo gané, me la robaron; pero los castigó Dios”… así resumió el mandatario la elección local de 2018, su fallida impugnación y la tragedia donde perdieron la vida la gobernadora Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle.
La frase por supuesto no corresponde a la trayectoria por varias legislaturas del señor Barbosa, donde junto con otros furibundos legisladores del PRD reclamó siempre las pretendidas y casi siempre imaginarias amenazas al Estado laico por parte de los políticos de fe a quienes sin más señalaba como conservadores y retrógradas desde las correctas posturas del más rancio jacobinismo persecutorio.
Sin embargo, es muy probable que ningún laicista salga en esta ocasión a censurar al gobernador de Puebla por sus alusiones a Dios y a los castigos divinos, pues en este sexenio hemos contemplado que los nuevos usos del poder toleran desde rituales paganos a la Madre Tierra hasta celebraciones religiosas de cualquier creencia que no sea católica en el mismísimo Palacio de Bellas Artes.
Pero no es necesario situarse en posiciones de fe para condenar lo expresado por Barbosa. El problema de los neogobernates morenistas (viejos ex priístas y ex perredistas los más) no entienden que en la vida terrenal, la civilización y la sociedad plural, lo que deben privar son la justicia y las instituciones.
Más allá de las creencias y las voluntades, en sentido contrario a lo que dice el gobernador, es urgente que se explique por qué cayó el helicóptero el 24 de diciembre de 2018. Hasta ahora, la versión más ilustrativa sobre la tragedia la dio el subsecretario de Comunicaciones y Transportes:
“Los pilotos eran personal altamente calificado y con experiencia y la aeronave cumplió con todos los procedimientos de seguridad y mantenimiento”…
Si es así, lo que necesitamos saber los mexicanos es despejar todas las dudas sobre un probable sabotaje. En eso si tienen que trabajar las autoridades federales y locales, justamente para que no sea sólo Dios y unos cuantos mortales los que sepan qué ocurrió verdaderamente.
Del mismo modo, por muchos años hemos escuchado la perorata de los candidatos de la izquierda que se victimizan de los fraudes electorales y los transforman en un modus vivendi político, como lo hizo Cárdenas en 1988 y Andrés Manuel en el 2006. Y así viven, infectados y sin saber como curar las heridas como las de 1968 y 2014, como regresando a la justicia de civilizaciones primitivas donde el Código de Hammurabi prescribía la Ley del Talión del “ojo por ojo, diente por diente”.
Las instituciones modernas, sobre todo las que imparten justicia, distan mucho de ser perfectas y sus sentencias suelen generar grandes controversias, pero son, hoy por hoy, el instrumento que nos aleja de la barbarie de hacernos justicia por propia mano.
Cuando vemos a un gobierno que atenta contra la integridad de la Suprema Corte, que usa jueces a modo para encarcelar personas, que somete en las sombras por medio de las amenazas o el chantaje, no nos vamos acercando hacia la justicia o a la vigencia del Estado de derecho, sino a una barbarie nada parecida a la justicia divina, sino a la injusticia humana alimentada por sentimientos individuales de rencor, revancha, venganza, odio e intolerancia.
Quizá el señor Barbosa ya pudo dormir tranquilo por haber proclamado desde el poder y con los pies sobre las cenizas de su contendiente que según él fue víctima del fraude en 2018. No obstante, muchos mexicanos preferimos acatar las sentencias de los tribunales, por muy favorables o desfavorables que nos resulten, porque es mejor una civilización con justicia a la justicia del desquite de quienes ignoran que gobernar es servir con responsabilidad para todos.
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