El desafío del Partido Verde

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Protegido por el poder, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha generado, en el proceso electoral en desarrollo, una propaganda ilegal en cine, televisión, radio, teléfonos, espectaculares, parabuses, puestos de periódicos y hasta en envolturas de tortillas. Esa propaganda exuberante, unida a un ilegal reparto de despensas, tarjetas de descuento y anteojos, ha producido una ruptura estrepitosa de la equidad, un principio cuya ausencia anula la posibilidad de que haya elecciones libres y auténticas como establece la Constitución.

Frente a esa conducta ilegal, burlona y desafiante, el Instituto Nacional Electoral ha sido omiso, tardío y tibio. Incluso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que otras veces ha sido clara protectora de las ilegalidades del PVEM, en esta ocasión se ha comportado con energía hasta ahora.

Parte del despliegue propagandístico del Verde ha ocurrido -y ocurre- justamente en el periodo de intercampañas (18 de febrero- 4 de abril), donde se supone que partidos y candidatos no deben realizar acciones en busca del voto ni presumir logros gubernamentales. No sólo eso, el PVEM se burló abiertamente -y lo ha seguido haciendo- de las medidas cautelares (suspensión de la propaganda) dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias, órgano dominado por dos consejeras pertenecientes al bloque propriista y cuyas omisiones fueron evidenciadas por el TEPJF, al resolver una impugnación del PRD (SUP-REP 77/2015, ponente Pedro Esteban Penagos). Dice la sentencia:

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  • La Comisión de Quejas dejó de cumplir con su deber de resolver el otorgamiento o no de medidas cautelares, pues no analizó la posible ilegalidad y afectación al proceso electoral por la propaganda del PVEM y se limitó a remitir el asunto a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
  • El proceder de la Comisión contraría las funciones que el sistema constitucional y legal le otorgaron, de manera que dicha propaganda se siguió difundiendo sin que existiera constancia de algún pronunciamiento acerca de si debe o no ser suspendida, aun cuando la medida cautelar fue incluso propuesta por la mencionada Unidad Técnica. (Conviene precisar que esa Comisión sí ejerció sus atribuciones en diciembre de 2014, cuando fue integrada temporalmente por los consejeros Pamela San Martín y Ciro Murayama, debido a las vacaciones de dos de las titulares).

Importa señalar que las reuniones de la Comisión de Quejas se realizan a puerta cerrada, e incluso la presidenta y otra consejera exigieron recientemente que elementos de seguridad impidieran la presencia de reporteros. Sesionar así implica violar la Constitución, que en su artículo 41 establece que "las sesiones de todos los órganos colegiados (del INE) serán públicas en los términos que señale la ley", y la ley no indica tal privacidad. No sólo debieran ser públicas sino incluso difundirse por internet, como ocurre con las sesiones del Consejo General. Extrañamente, los partidos han aceptado tal inconstitucional privacidad.

La atención pública se ha centrado en las sanciones al Verde, pero el más grave efecto de sus excesos es el irreparable daño causado a la equidad. ¿Cómo compensar la ventaja obtenida de manera ilegal por el PVEM respecto de los demás partidos?

No sólo por la ruptura de la equidad sino también por "incumplir de manera grave y sistemática… las obligaciones que le señala la normatividad electoral", el registro partidario del PVEM debe ser cancelado porque su conducta ha colmado esa causal contenida en la Ley de Partidos (94.e). Eso debe ocurrir si al INE y al TEPJF no les tiembla la mano para aplicarle la ley al partido aliado del Presidente.

La multa de $67.1 millones impuesta recientemente al PVEM es por desacatar medidas cautelares, pero falta que sus erogaciones propagandísticas reales sean cuantificadas y consideradas como erogaciones de campaña anticipada, lo cual abriría un probable caso sin precedente: que un partido rebase los topes de gastos de campaña, antes de que ésta se inicie. La Comisión y la Unidad de Fiscalización (ahora encabezada por Eduardo Gurza Curiel) tienen ahí una tarea de enorme importancia, que incluye la determinación del origen de los fondos usados por el Verde, respecto de los cuales se ha hablado de lavado de dinero en la mesa del Consejo General.

Si el INE no reacciona con firmeza y rigor, si se limita a imponer sanciones económicas por muy elevadas que sean, el desafío verde se llevará la ya de suyo menguada credibilidad del órgano electoral.


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