Derechos humanos frente al terrorismo internacional

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Se ha desarrollado lo que la doctrina conoce como el “derecho antiterrorista”, mismo que busca garantizar, por las vías jurídicas ordinarias, el bienestar de la sociedad civil frente al peligro potencial e inminente que suponen los grupos terroristas de carácter radical

Los ataques a París del 13 N por parte del Estado Islámico (ISIS), fueron un enorme acicate para que las viejas potencias europeas retomaran un camino que habían iniciado de mala gana, hacía casi ya tres lustros con el atentado del 11 S en Estados Unidos.

François Hollande fue quien de manera natural asumió ese liderazgo, aunque tuvo que granjearse primeramente el apoyo de su homóloga Ángela Merkel, de modo tal que fue —finalmente— el poderoso Eje Franco-Alemán el que convocó al resto de los países europeos.

Seguidamente afianzó el compromiso con su viejo aliado trasatlántico, a lo que Barak Obama respondió favorablemente, aunque en el marco de su política de que no sean los contribuyentes americanos los que únicamente asuman el costo de la nueva guerra antiterrorista.

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En su discurso global, que incluso sumó a la Rusia de Vladímir Putin, el presidente francés determinó que la humanidad debía “elegir la vida por sobre el miedo y el odio” frente a “un acto de guerra” y de “barbarie absoluta”, que ciertamente se planificó “desde el exterior”.

También fue contundente en precisar que frente a esa guerra tanto su país como los países aliados debían —siempre unidos— “tomar decisiones apropiadas” ante el consabido “ejército de terroristas”, justo para defender los valores del “mundo entero” o de “la humanidad”.

Sin duda, esa proclama de cara a la execrable amenaza del ISIS fue parecida a la del ex presidente George W. Bush frente a lo que en su momento fue Al Qaeda y que también se acompañó por ataques inmediatos y unilaterales que tuvieron lugar al margen del consenso internacional.

Así, con diferente magnitud en uno y otro escenario se tomaron una serie de decisiones públicas relativas a la restricción de los derechos humanos en aras de salvaguardar la seguridad interna de ambas naciones, lo que a la postre se tradujo en fuertes injerencias al ámbito privado de las personas.

Lo anterior ha desarrollado lo que la doctrina conoce como el “derecho antiterrorista”, mismo que busca garantizar, por las vías jurídicas ordinarias, el bienestar de la sociedad civil frente al peligro potencial e inminente que suponen los grupos terroristas de carácter radical.

No obstante, en su compleja disposición, esa recién creada vertiente jurídica, que conlleva elementos en materia constitucional, administrativa, civil, penal y, sobre todo, de procuración e impartición de justicia, ha suscitado férreas críticas por parte de diversos grupos prohumanistas.

Su firme, oportuna y solidaria denuncia, inobjetablemente pasa por señalamientos perfectamente justificados, como el uso de la fuerza unilateral al margen de Naciones Unidas en el caso de Irak o la tortura injustificada de presos en limbos jurídicos como en Guantánamo.

No obstante, esas relevantes agrupaciones, usualmente integradas por destacados ciudadanos de diversos ámbitos académicos científicos y sociales, también olvidan que la acción pública requiere tomar difíciles medidas ante un formidable enemigo que no siempre tiene rostro.

Efectivamente, el terrorismo radical se aprovecha en silencio y ocultamente de los múltiples beneficios de la sociedad organizada, como la libertad de tránsito y la tecnología moderna, es decir, de todas las ventajas que justamente ofrecen los derechos humanos, pero para cometer sus atroces crímenes indiscriminadamente.

Encontrar el equilibrio entre la pax pública y la pax privada no es un asunto sencillo para ningún gobierno; de hecho, lo que sí ha demostrado la Historia es que los derechos de las personas, requieren de la acción colectiva que pone por encima el interés general sobre el particular, con los consiguientes inconvenientes que ello supone.

Nota: me siento gratamente complacido por los nombramientos de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que llevó a cabo recientemente la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; se trata de dos magníficos juristas que, respaldados por brillantes trayectorias, seguramente coadyuvarán a consolidar el Tribunal Constitucional que merece el México del siglo XXI.


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