Cuando un familiar es víctima de un delito en México, el primer impulso natural es acudir a las autoridades para exigir justicia. Sin embargo, para miles de familias en todo el país, presentar una denuncia ante la fiscalía no solo no garantiza una respuesta efectiva, sino que muchas veces se convierte en el inicio de una lucha desesperante contra un sistema que, lejos de protegerlas, las revictimiza.
Así lo documenta el informe reciente de Human Rights Watch (HRW), titulado «Doble injusticia: Las falencias del sistema de justicia penal de México en la atención a víctimas y sus familiares», publicado en febrero de 2025. El estudio revela cómo, entre 2010 y 2022, menos del 1% de los homicidios dolosos en México resultaron en condenas, una cifra que refleja un colapso institucional que afecta profundamente a quienes buscan justicia.
La impunidad, lejos de ser solo un dato estadístico, tiene rostros y nombres. Familiares de personas asesinadas, desaparecidas o gravemente lesionadas enfrentan múltiples obstáculos al intentar acceder a la justicia: desde la falta de información sobre el avance de las investigaciones hasta tratos insensibles por parte de los servidores públicos; desde la negativa a aceptar denuncias hasta la omisión deliberada de pruebas.
El informe detalla casos en los que familiares han sido ignorados durante meses, incluso años, sin recibir siquiera una explicación sobre por qué el caso se estancó o fue cerrado. En otros, las autoridades han minimizado su dolor, tratándolos como molestias burocráticas más que como víctimas de un hecho violento que cambió sus vidas.
Una de las principales críticas que hace HRW es sobre la ausencia de protocolos claros para la atención integral de las víctimas. Aunque la Ley General de Víctimas establece derechos fundamentales —como el acceso a información oportuna, la protección y el acompañamiento psicosocial—, en la práctica estos derechos rara vez se cumplen. Y cuando eso ocurre, las consecuencias son devastadoras.
“Presentamos la denuncia y nos dijeron que regresáramos en tres días. Nunca supimos nada”, relata en el informe una madre cuyo hijo fue asesinado en el estado de Guerrero. “Nadie nos dio seguimiento. Nadie nos dijo qué pasó con la investigación. Al final, dejamos de ir porque ya no aguantábamos la indiferencia”.
Este tipo de experiencias es común en todo el país. De acuerdo con datos citados por HRW, entre 2010 y 2022, las fiscalías locales recibieron más de 400,000 carpetas de investigación por homicidio doloso, pero solo en el 0.8% de esos casos hubo sentencias condenatorias. Esa cifra no solo evidencia una crisis de impunidad, sino también una falla estructural en la capacidad del Estado para investigar y sancionar adecuadamente los delitos más graves.
Además de la frustración, muchas víctimas reportan sentirse perseguidas o amenazadas tras presentar una denuncia. En contextos donde la delincuencia organizada mantiene influencia sobre instituciones locales, denunciar puede convertirse en un acto de valentía con consecuencias mortales. El informe señala que varios familiares de víctimas han sido objeto de hostigamiento, intimidación o incluso agresiones físicas por insistir en buscar justicia.
Y aunque existen mecanismos oficiales de protección para las víctimas, su implementación es irregular y muchas veces ineficaz. Incluso cuando se otorgan medidas de protección, estas suelen no ser supervisadas ni actualizadas conforme a las necesidades reales de las personas.
Otro punto fundamental del análisis de HRW es la forma en que las fiscalías atienden a las víctimas. En muchos casos, los funcionarios encargados de recibir las denuncias carecen de capacitación en derechos humanos, género o salud mental. Esto genera interacciones traumáticas, en donde se culpa a las víctimas o se les hacen preguntas intrascendentes mientras se les niega acceso a información relevante.
Las mujeres, en particular, enfrentan formas específicas de discriminación. Madres que buscan justicia por hijos desaparecidos son vistas como “histéricas” o “exageradas”. Familiares de personas trans o migrantes, por su parte, reportan que sus denuncias son sistemáticamente ignoradas o archivadas sin mayor análisis.
El informe concluye que el sistema de justicia penal mexicano está diseñado para fallarles a las víctimas. No hay voluntad política suficiente para invertir en capacidades forenses, en formación de personal ni en sistemas de protección eficientes. La corrupción, la negligencia y la falta de coordinación entre niveles de gobierno agravan aún más el problema.
Human Rights Watch recomienda al Estado mexicano una serie de acciones urgentes: crear protocolos obligatorios de atención a víctimas, aumentar la transparencia en el manejo de carpetas de investigación, fortalecer los mecanismos de protección y establecer metas claras de rendición de cuentas para las fiscalías locales. También llama a revisar los indicadores de desempeño de las instituciones, para que no solo midan cuántas denuncias se reciben, sino cuántas se resuelven con justicia real.
Pero más allá de las recomendaciones técnicas, este informe pone sobre la mesa una pregunta ética: ¿Hasta cuándo vamos a permitir que quienes exigen justicia sean tratados como una carga?
Denunciar no basta si después no hay justicia. Presentar una carpeta no sirve si luego no hay investigación. Exigir respuestas no tiene sentido si nadie responde.
México necesita un sistema de justicia que no solo funcione sobre el papel, sino que esté diseñado para proteger a quienes más lo necesitan. Porque cada caso cerrado sin resolver no solo representa una victoria para la impunidad, sino un nuevo golpe a la dignidad de las víctimas que, contra todo pronóstico, siguen buscando justicia.
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