Denuncian a Morena por usar recursos públicos para promocionar consulta popular

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El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Federico Döring denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) al Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados por presuntamente utilizar dinero de la bancada para promover en medios de comunicación la consulta popular.

El legislador panista refirió en su denuncia que la bancada de Morena violó los artículos de la Ley Federal de Consulta Popular, en los que establece que los tiempos para la difusión de la misma serán los que correspondan a la autoridad electoral, así como que ningún partido puede contratar publicidad para incidir en los resultados.

“Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la consulta popular. El Instituto (Nacional Electoral) ordenará la cancelación de cualquier propaganda e iniciará el proceso de sanción que corresponda”, establece el artículo 41 de la legislación.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Döring acusó a los diputados de Morena de contratar publicidad presuntamente con recursos públicos para difundir la consulta del próximo 1 de agosto.

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“Ningún partido político puede contratar publicidad para tratar de incidir en el resultado de la misma”, añadió.

El legislador federal del PAN, Eugenio Bueno, presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo en el que propone que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordene la cancelación de la consulta y que los recursos sean utilizados para comprar más dosis de la vacuna contra la Covid-19.

“Queda claro que existen mayores prioridades que una consulta cuyos tintes son políticos y sólo generan un gasto innecesario, mismo que podría destinarse en incrementar el número de vacunas adquiridas con la finalidad de hacer frente a la actual pandemia y la llamada tercera ola de contagios”, afirmó el diputado.

Bueno Lozano expresó que si existen elementos para iniciar un procedimiento penal o administrativo en contra de los expresidentes de México, “el gobierno no tiene porqué preguntar a los mexicanos si queremos que se aplique la ley”.

Añadió que se debe de aplicar la ley “cuando se conoce de un hecho delictivo”, por lo que señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) “deberá ejercer su función desde la autonomía que le otorga la Constitución”.

De acuerdo con el INE, la consulta popular tendrá un costo de 500 millones de pesos. El consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova afirmó que pese a las condiciones presupuestales para su realización, se consiguió la instalación de 57 mil mesas receptoras de opinión.

}+Además, aclaró que no podría responsabilizarse al INE en caso de que se registre una baja participación ciudadana, pues se requiere de la participación del 40% del padrón electoral para que tenga una validez oficial y pueda derivar en acciones legales.


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