En el Segundo Informe rendido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, se reafirmó la continuidad en las políticas orientadas a incrementar y mantener la creación de empleos estables y bien remunerados, consolidando la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores con el aumento anual a los salarios mínimos y que de enero del 2019 al 2026 han tenido un incremento del 135,4 por ciento, llegando este año a los 315,04 pesos diarios.
En tal sentido, debe recordarse que en 1976, el salario mínimo alcanzó su punto más alto para iniciar una caída que en los seis sexenios de gobiernos neoliberales, de 1982 al 2018, lo llevó a tener una pérdida acumulada del 70 por ciento. Ingreso insuficiente para que la clase trabajadora pudiera adquirir siquiera los productos de la canasta básica.
De acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS), a la fecha hay un total de 22,7 millones de empleos formales. Y este año se calcula un cierre con una cifra superior a los 250 mil empleos. Tan solo en agosto, los reportes oficiales indicaron la creación de 86 mil 765 nuevos puestos de trabajo.
Cabe destacar que atrás quedó la tesis neoliberal que por décadas contuvo los incrementos salariales bajo el pretexto de no disparar la inflación; en los hechos, se está dejando en claro que al aumentar el poder adquisitivo de las familias, se fortalece también el mercado interno.
Hay avances, es cierto, pero también la informalidad continúa siendo el reto a vencer pues se estima que del 56,2 por ciento de la población que desempeña alguna actividad económica, más de 30 millones lo hacen sin un trabajo estable y fuera de los beneficios de la seguridad social, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Para el 2027, se vislumbra un panorama alentador en cuanto a nuevos puestos de trabajo en las diversas ramas de la actividad económica. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), calcula un crecimiento del 2 por ciento en el PIB y consultoras como BBVA, consideran la creación de más de 400 mil empleos, aunque algunos sectores empresariales no son tan optimistas pues evalúan que con la reducción de 2 horas de trabajo que entrará en vigor a partir del primero de enero del 2027 –de acuerdo a lo establecido en la Reforma de las 40 horas–, algunos sectores serán más cuidadosos en la contratación, buscando más calidad que cantidad.
Otro de los avances enumerados en el Segundo Informe, lo es el brindar seguridad social a un millón de empleados de las plataformas digitales, luego de que el pasado primero de enero entrara en vigor la Reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT); esto también de acuerdo a los informes del IMSS, hasta junio del 2026.
En todo este escenario de avances, subsisten marcadas injusticia que, en teoría, debían extinguirse con la aplicación de la Reforma Laboral. Tal es el vergonzoso caso de la persistencia del outsourcing, modelo mediante el cual se sigue contratando a personal que labora en entidades como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pemex; las Cámaras de Diputados y Senadores y, en el colmo de las contradicciones legales, en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Algo está fallando en los mecanismos de vigilancia y supervisión del mercado del trabajo y debe corregirse para que en la justicia laboral no existan reductos que la ubiquen en el rango de letra muerta.









