Estas cuatro facetas parecen aisladas (no lo son): 1) los recientes asesinatos políticos en CDMX en donde el crimen organizado establece reglas de facto mediante la violencia; 2) la opaca y excluyente reforma judicial, que facilita el control sobre este Poder del Estado, en lugar de permitirle cumplir su función como contrafuerza; 3) las limitaciones presupuestales en la cuenta pública; y 4) la digitalización gubernamental que, si bien es bienvenida por las eficiencias que promete, se percibe apresurada y sin controles anticorrupción (baste ver las consecuencias que ha dejado en Estados Unidos el drástico modelo DOGE de Donald Trump y Elon Musk).
Estos cuatro aspectos son síntomas de un deterioro de gobernabilidad que gradualmente está transformando el pacto social. En ese proceso, un Estado con cada vez menos recursos debilita deliberadamente a sus instituciones —o las controla por medio de la tecnología— para centralizar el dominio político. Mientras tanto, las limitaciones presupuestales desmantelan de facto servicios públicos como salud y seguridad, lo que golpea a los más vulnerables. En la práctica, ello abre paso a que las organizaciones delincuenciales amplíen sus zonas de influencia criminal.
Ha llegado el momento en que la presidenta asuma su liderazgo legítimo. Si persisten la inacción, la complacencia y la centralización, no se logrará la transformación positiva que todos buscamos para este país.
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