La corrupción, definida como aquel acto a través del cual se consiguen recursos de todo tipo a cambio de favores que facilitan la obtención de bienes y servicios para otros, es un elemento presente en la humanidad desde tiempos ancestrales. El poder conseguir todo, o casi todo, a través de la entrega de dinero a funcionarios públicos se convirtió en México en una constante durante el régimen de la Revolución Mexicana, al grado de que este fenómeno adquirió carta de legitimidad dentro de un esquema institucional controlado por el entonces “presidente sexenal todopoderoso”.
El castigo por corrupción se llevaba a cabo únicamente cuando se violentaban las reglas del reparto de dinero o por una instrucción directa del monarca sexenal destinada a eliminar a algún político rebelde no dispuesto a someterse a la disciplina del mandatario.
La transformación del régimen autoritario a otro democrático no anuló la práctica de la corrupción, sino que la adaptó a la nueva realidad, donde el presidente de la República desapareció como ente dueño del control total, y el poder se trasladó al Congreso de la Unión y a los gobernadores con sus propias legislaturas sometidas a su mando.
La corrupción limitada sensiblemente a nivel del gobierno federal gracias a los mecanismos de vigilancia impuestos por la propia clase política, se trasladó e incluso potenció dentro del Congreso de la Unión y principalmente en estados y municipios donde el dinero fluyó a raudales sin necesidad alguna de rendir cuentas, lo que llevó a la creación de inmensas fortunas ilegales e ilegítimas, pero difícilmente identificables. Los Murat, Moreira, Granier y otros nombres más de gobernadores que endeudaron a sus respectivas entidades forman parte de esta nueva camada de políticos enriquecidos dentro de un modelo democrático incapaz de controlarlos y mucho menos de aplicarles la ley para pagar por sus delitos.
La cada vez más constante difusión de estos casos obliga a todos los grupos políticos a elaborar un Sistema Anticorrupción que cuente con la suficiente fuerza disuasiva para evitar el manejo discrecional de recursos y servicios por parte de gobernadores y algunos presidentes municipales, y con ello generar el incentivo para que estos personajes apliquen los mismos criterios de control sobre la cadena de mando de sus subordinados, quienes en muchas ocasiones funcionan como socios en estos negocios ilícitos. Para conseguir este objetivo es necesario obtener un acuerdo político que limite la acción del sistema a hechos ocurridos desde determinada fecha y ahí para adelante.
Pretender hacer de la lucha anticorrupción un instrumento de venganza política terminará por nulificar la efectividad de la medida, tanto por su retroactividad anticonstitucional, como por la guerra que desataría el estar buscando ajustes de cuentas entre los propios partidos políticos. Si lo que se pretende es dinamitar la institucionalidad democrática construida hasta ahora, entonces abramos todos los archivos de la clase política y veamos que queda de país después de esto. Mirar hacia adelante no es perdonar el pasado, pero sí asumir que a partir de ahora hay nuevas reglas de las que nadie podrá escapar fácilmente.
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