De acuerdo con un reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, consultado por TResearch Mx, los delitos cometidos por servidores públicos en México continúan siendo un problema estructural que afecta la confianza ciudadana y la transparencia institucional. Durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, se han registrado un total de 6,071 denuncias por actos ilícitos atribuidos a funcionarios públicos.
En abril de 2025, se reportaron 1,545 denuncias, lo cual representa una disminución del 9% comparado con el mismo mes del año anterior. Aunque este descenso podría interpretarse como un avance, expertos en gobernanza pública señalan que el volumen sigue siendo elevado y refleja una persistente cultura de impunidad y malversación de fondos.
Los estados con mayor concentración de casos son la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León, los cuales acumulan el 52% de todas las denuncias desde 2024. La capital del país lidera esta lista con 1,427 casos, seguido por el Estado de México con 1,175 y Nuevo León con 561. Estas cifras ponen sobre la mesa la necesidad de implementar mecanismos más estrictos de supervisión y rendición de cuentas en estas entidades.
Por otro lado, al analizar la incidencia por cada millón de habitantes, destacan Baja California Sur (128), Quintana Roo (113) y la Ciudad de México (155). Esto sugiere que, proporcionalmente, hay regiones pequeñas donde la corrupción tiene un impacto más grave en la población.
El informe también revela que entre 2020 y 2023 se mantuvo una tendencia relativamente estable en el número de denuncias, fluctuando entre 20,855 y 21,883 casos anuales. Este patrón indica que, pese a los cambios en las administraciones, no ha habido una reducción significativa en los delitos relacionados con la función pública.
Entre los delitos más comunes figuran el desvío de recursos públicos, tráfico de influencias, nepotismo, abuso de funciones y enriquecimiento ilícito. Las denuncias provienen tanto de órganos internos de control como de denuncias ciudadanas, lo que demuestra que la sociedad está cada vez más alerta y dispuesta a denunciar prácticas corruptas.
Sin embargo, uno de los grandes retos sigue siendo la impunidad. Según datos históricos, menos del 10% de las denuncias terminan en sanciones efectivas, lo cual plantea serias dudas sobre la capacidad de los sistemas de justicia para castigar estos actos.
Organizaciones civiles han insistido en la urgencia de reformar los marcos legales para endurecer las sanciones y dotar a las autoridades anticorrupción de mayores herramientas operativas. Además, se requiere una mayor coordinación entre niveles de gobierno para garantizar investigaciones transparentes y celeres.
La lucha contra la corrupción no solo depende de estadísticas o leyes, sino de una verdadera voluntad política y de una ciudadanía vigilante. Mientras los números siguen creciendo, el reloj marca que el tiempo para actuar no se detiene.
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