Control de precios ocasiona otro problema; incentiva mercado negro de gas LP

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Cuando el Gobierno Federal implementó el control de precios de gas LP jamás pensó que su ‘brillante’ estrategia ocasionaría más problemas, como lo establece José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México, quien señaló que el mercado negro de gas LP vive un auge en estos momentos.

Según su experiencia, en México se ha incrementado en los últimos años y se corre el riesgo de que la política de precios máximos del combustible se convierta en “una excelente oportunidad” para que el crimen organizado siga extendiendo su lucrativo negocio en el sector, advirtió.

En la teoría económica es bien sabido que cuando se impone un precio tope sobre algún bien o servicio, y éste está por abajo del precio de equilibrio (el que resulta de las fuerzas de oferta y demanda del mercado), el resultado inevitable es la escasez y el surgimiento de mercados negros.

La lógica es simple. Si el precio actual o de mercado de un producto está por encima del precio fijado por el gobierno, hay más consumidores que quieren comprar, pero los vendedores tendrán incentivos a racionarlo porque reciben menos dinero por su producto. No sólo venderán a quienes ellos prefieran, sino que podrían ser tentados a venderle a quien les ofrezca una cantidad adicional “por debajo de la mesa”, generándose así un mercado negro.

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. De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el aseguramiento de gas robado pasó de 26 mil 325 litros en 2017 a 100 mil litros en 2020, lo que equivale a un incremento de 280 por ciento. Entre enero y julio de 2021, el Ejército mexicano ya había decomisado 26 mil 085 litros más.

En total, entre 2017 y el mes pasado los militares aseguraron más de 252 mil litros de gas LP, además de un millón 348 mil 645 litros de gasolina, tres millones 618 mil 287 litros de diésel y 69 mil litros de combustóleo, indican datos de la dependencia entregados vía transparencia.

“Hemos sufrido los embates de la delincuencia organizada que, a través de cobro de piso y otros mecanismos fraudulentos, pretende imponer su autoridad”, lamenta Rodríguez.


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