Tendrán que garantizarse las medidas adecuadas antes de que la contingencia se convierta en un verdadero desastre ecológico.
Luego del frente frío que afectó a todo el territorio nacional con fuertes ráfagas, lluvia y bajas temperaturas que nos recuerdan los efectos del cambio climático, se encendieron todas las alarmas que miden la contaminación ambiental en la Ciudad de México y se decretó la contingencia ambiental fase uno, como no sucedía desde hace más de una década.
Para colmo de males, a la contingencia ambiental siguió la contingencia política a partir de la salida descompuesta del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que parecía más preocupado en repartir culpas que en hacer frente al daño ambiental. Con énfasis, buscó desmarcarse de la responsabilidad y señaló a las entidades vecinas, especialmente al Estado de México, de no hacer nada por evitar la contaminación. No pasaron muchas horas para conocer la respuesta del gobernador Eruviel Ávila quien mandó a volar al Jefe de Gobierno y ordenó de manera unilateral el cierre de los basureros que sirven de depósito a los desechos que se generan en la capital de la República.
Así, tan pronto y tan alto como subieron los puntos IMECAS, subió el clima de tensión política entre dos gobernantes con aspiraciones presidenciales que buscaron enfrentar la crisis política y economizar costos más que el bienestar se sus gobernados. Otra de las críticas de los estados vecinos fue la inoperancia de la Comisión Ambiental de la Megalópolis que, a decir de algunos ejecutivos, no fue convocada debidamente.
Adicionalmente, de manera ventajosa y con claro tinte electorero, se trató de cargar el costo de la contingencia al Partido Acción Nacional por la defensa que en su momento hicieron los dirigentes capitalinos del derecho a la movilidad de un grupo de automovilistas cuyos vehículos eran los más antiguos. En el mismo sentido, un ministro de la Corte dejó clara la necesidad de revisar la legislación vigente para fortalecer las medidas ambientales, hoy en ambigüedad e imprecisión jurídico-constitucional.
No quedó ahí porque ante la grave crisis ambiental, el tema escaló al gobierno federal y como en no pocas ocasiones a lo largo del sexenio, apareció la mano salvadora de la Presidencia de la República buscando entre la capas de ozono algunos puntos a favor de la deteriorada imagen de su titular a quien poca ayuda le brinda su equipo de comunicación que no ha logrado, ni con la visita del Papa, que mejore la imagen del ejecutivo como lo revelan todas las encuestas.
Luego del comunicado que puso fin a la contingencia ambiental y del abrazo para la foto entre Mancera y Eruviel, se han anunciado acciones inmediatas de alcance metropolitano con nuevas leyes, programas y sanciones para instalar medidas preventivas a propósito de esta bomba de tiempo que es la contaminación en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Lo cierto es que la contaminación requiere algo más que medidas espectaculares; el verdadero desafío es estructural e incluye, entre otras cosas, infraestructuras sustentables para el destino final de los desechos sólidos; un efectivo programa de restricción a la circulación vehicular con nuevas reglas y medidas frontales contra la corrupción en los verificentros; y una verdadera política de movilidad amable con redes de transporte eficientes, hoy limitadas por inercias, corrupción y falta de innovación en infraestructura y logística de comunicación.
De fondo, lo que más daña es la falta de conciencia ética y de compromiso con el cuidado del medio ambiente entre ciudadanos y autoridades. No ha bastado con saber del consenso ecológico sobre el grave deterioro de «la casa común», término con el que el papa Francisco se refiere al ecosistema en su encíclica «Laudato sí». Quizá por eso no ha habido escrúpulo entre la clase política, involucrada en el enfrentamiento ambiental, para manipular este tema para favorecer sus agendas particulares y electorales.
En las próximas semanas, ciudadanos, representantes y autoridades deberán estar atentos para garantizar medidas adecuadas contra la contingencia ambiental antes de que se convierta en un verdadero desastre ecológico. No está por demás desear que la política ambiental se convierta en una sólida política de Estado, lejos de coyunturas políticas y de los apetitos electorales de políticos interesados en mantener su vigencia a un elevado costo social y humano.
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