Construyendo el nuevo Poder Judicial nacional

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La justicia estatal contenida en las viejas sentencias de “tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales” y de “dar a cada quien lo suyo”

La naciente sociedad del tercer milenio demanda, con justa razón y de forma urgente, la implantación de un derecho global que sea liderado por tribunales y juzgados ejemplares, transformadores e inspiradores, que ofrezcan soluciones tangibles, completas y oportunas ante las retadoras controversias que se suscitan en un entorno cada días más abierto, conectado y dinámico.

Así, la justicia estatal contenida en las viejas sentencias de “tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales” y de “dar a cada quien lo suyo”, actualmente se constituyen como fórmulas anacrónicas, maltrechas e insondables, que no siempre resuelven las desavenencias, conflictos y querellas, cuyo origen es una población cada vez mejor informada de sus derechos civiles, colectivos y ciudadanos.

Sobre el particular, se puede afirmar que México actúo con acierto al iniciar la profunda transformación de su poder judicial en 1994, con la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la creación del Consejo de la Judicatura Federal, al que siguió en 2011 la reforma constitucional en materia de derechos humanos y finaliza en 2016 con la implementación del nuevo sistema de justicia penal oral, acusatorio y adversarial.

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Indudablemente, el crecimiento, el desarrollo y el fortalecimiento de ese poder público se ha reflejado tanto por el mayor número de magistrados y jueces, lo que persiguió su conveniente avecindamiento, como por las nuevas atribuciones que se les confirieron para conocer jurisdiccionalmente de las crecientes disputas que produce la modernidad, tanto en el plano constitucional como en el ordinario.

De hecho se podría decir –sin tapujos– que el poder judicial ha sufrido en nuestro país un cambio profundo en su verdadera esencia dentro del conjunto de los factores reales de poder. Esto lo demuestra el incontestable hecho de que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se han convertido en legítimos árbitros del quehacer nacional, cada uno en el ámbito de su exclusiva competencia.

A ello de igual forma ha contribuido el gran acierto de que la carrera judicial ya se rija –constitucional e institucionalmente– por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, lo que implica que la selección para los cargos de magistrado, juez y secretario, se regula –en todos los casos– por medio de procedimientos que comprueban de forma objetiva su capacidad, probidad y honestidad profesional.

No obstante todo lo dicho, existe una vertiente distinta en la que se ha especializado durante las dos últimas décadas, sobre todo el federal, y de la cual se habla muy poco en los medios de información: la llamada “administración de la judicatura”. Esta consiste en la gestión profesional de los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos que son destinados para que se imparta la justicia como lo manda la Constitución Federal: pronta, completa, imparcial y gratuita.

Esa función administrativa, que con toda seguridad continuará apuntalándose en el futuro, justamente en la medida en que el desarrollo del país requiera paralelamente de un mayor número de impartidores de justicia, ha llevado a que nuestros tribunales federales sean incluso un referente internacional en materia del uso de la informática aplicada al derecho, tanto en el rubro jurisdiccional como en el administrativo.

De igual manera, el poder judicial federal se ha convertido en un modelo en el respeto de los derechos humanos de sus servidores públicos, tanto por el régimen de responsabilidad administrativa de corte garantista que se ha establecido en su favor, como por el establecimiento de las condiciones laborales que aseguran la estabilidad en el empleo, el desarrollo humano y la seguridad social, todo ello bajo un enfoque de igualdad de género.

Un rubro no menos importante lo constituye la responsabilidad hacendaria en el manejo de los recursos públicos asignados, donde existen muestras de enorme compromiso con la transparencia, la publicidad, la disciplina y la rendición de cuentas, en un contexto orientado al establecimiento de la modernización administrativa, del control interno y de la evaluación del desempeño por resultados, como instrumentos para la óptima administración judicial en un escenario de austeridad económica.

Como muestra de todo lo expuesto, en su último informe de labores, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue precisamente congruente con esa aspiración al impulsar, desde el comienzo de su administración, una serie de medidas que seguramente dejarán su impronta al buscar garantizar el llamado “derecho fundamental a la buena administración pública”.

Esto aún bajo un austero proyecto de presupuesto de egresos para 2016 que, autorizado en sus términos por la Cámara de Diputados, implicó una variación real a la baja –en términos reales– del 15.8% respecto del año anterior.

Entre las medidas que impulsó con ese propósito destacan: incorporar la carrera judicial con paridad de género; transparentar la contratación pública mediante su publicación en internet; racionalizar el gasto público de viáticos por comisión oficial; lograr la profesionalización y certificación administrativa; y, reorientar el presupuesto a proyectos con manifiesta orientación social, donde cobra especial importancia la reciente creación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas.

Afortunadamente, la nación mexicana se encuentra en un camino sin retorno, el cual apremia no sólo la mayor capacidad jurídica y el mayor número de magistrados y jueces, sino ante todo un poder judicial sensato, plural, abierto y de talante democrático, que comprenda que su única razón de ser consiste en brindar un servicio púbico de carácter económico, eficiente, eficaz y honesto; el cual se sostiene gracias a las esforzadas contribuciones de las y los mexicanos, quienes gozan del correlativo derecho de exigirle resultados calificables, medibles y revisables.


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