Para mejorar los congresos locales sólo un remedio ha dado resultado en las democracias consolidadas: la exigencia ciudadana.
La política y la tuberculosis tienen el mismo remedio:
a la luz del sol y al aire del día.
Woodrow Wilson
Hay instituciones de vieja estirpe en la democracia cuya función es controlar el ejercicio del poder, están en la doctrina básica de la división de poderes. Los ejecutivos estatales por mucho tiempo tuvieron el contrapeso del poder central. Sabían que podían ser renunciados por una orden presidencial. Con la alternancia en 2000, el PAN incurrió en lo que podríamos denominar “la madre de todas sus equivocaciones”: permitir el abuso de los gobernadores, a grado tal que éstos crearon una institución absurda y anticonstitucional, la Conago, que ha resultado inútil y costosa. Es sólo un escaparate para el lucimiento de los “virreyes” estatales. No han funcionado los congresos locales y las instituciones que se fueron creando para la vigilancia de los derechos humanos, para la transparencia y el acceso a la información, para llevar a cabo elecciones, para administrar la justicia, todos ellos órganos colegiados (lo cual permite diluir responsabilidades), han estado sometidos al poder de los gobernadores.
Cuando he reclamado a diputados locales que aprueban cuentas públicas y presupuestos a cambio de dádivas, la respuesta es: “Todos lo hacen”, una frase que es la negación de todo principio ético. Esto es, resignarnos, seguir con la inercia, perdiendo todo ánimo de cambio. Es una frase que nos revela crudamente la magnitud de nuestra crisis política y moral.
Cuando empezó a darse la alternancia en Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco, se estableció una relación diferente entre ejecutivos y Poder Legislativo: se cambiaron viejas prácticas políticas, se avanzó en la transparencia y en la rendición de cuentas. Sin embargo, este esfuerzo se fue perdiendo, y el desempeño en los últimos años ha sido deplorable. ¿Cómo es posible que el Congreso de Guerrero no haya detectado lo que estaba sucediendo en Iguala, o que el Congreso de Coahuila jamás se haya percatado de la descomunal deuda pública que hoy padece ese estado? En el Congreso de Sonora se ha llegado al absurdo: el Ejecutivo asigna recursos económicos a los diputados para su manejo personal en la presentación del Presupuesto, rompiendo con la más elemental doctrina de la división de poderes.
La frase viene desde el derecho romano: Quis Custodiet ipsos Custodes? ¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién obliga a los diputados locales a ejercer la función de control del poder del ejecutivo estatal y de los ayuntamientos? Es escandaloso y no tenemos aún cifras confiables del endeudamiento de los gobiernos estatales y municipales. La corrupción de los diputados locales rebasa con mucho la de los legisladores federales, incurriendo en complicidad para dilapidar los recursos del pueblo de México. Desde luego, hay excepciones.
La frase se atribuye a algún priista que con descaro llegó a decir: “Somos corruptos pero sabemos gobernar”. ¿Pueden ser compatibles un gobierno eficaz y la deshonestidad? Mi respuesta es un rotundo no. Nuestra condescendencia en esta materia nos ha llevado a la crisis actual.
Para mejorar los congresos locales sólo un remedio ha dado resultado en las democracias consolidadas: la exigencia ciudadana. El año próximo se renovarán 15 congresos locales. Los gobernadores se tornan condescendientes en que los municipios sean ganados por opositores, pero cuidan que sus congresos estén integrados por individuos afines, financiando sus campañas y permitiendo actos anticipados, violando la ley electoral.
El Congreso de la Unión no es la instancia jurídicamente competente para frenar el abuso de gobernadores y alcaldes. La vía correcta es la integración de congresos locales y cabildos de conformación mayoritariamente opositora, capaz de exigir cuentas. La ciudadanía debe entender que tiene el poder para vigilar al vigilante y, por lo tanto, mejorar su desempeño.
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