La publicación a planas enteras de la queja de empresas que representan más del 70% de la producción acerera nacional, relativa a las importaciones masivas procedentes de China, India, Rusia y otros países, plantea un problema de fondo en la política de comercio exterior que nuestro gobierno viene siguiendo.
En Coahuila están por perderse 40 mil empleos por la llegada de productos chinos, si no se resuelve la crisis en que se encuentra la industria acerera.
Frente al principio de completa libertad de comercio, que desde hace varios años aplicamos, sobran experiencias que señalan que una indiscriminada apertura del mercado nacional a la competencia extranjera no sólo impide aprovechar los recursos del país, entre los cuales el más importante es la mano de obra, sino que es una amenaza que ha obligado a muchos productores a cerrar sus empresas.
El caso de las telas, el calzado, artefactos domésticos, los juguetes y hasta las golosinas viene a cuento. La invasión del mercado mexicano de películas asiáticas de plástico es otro hecho. La industria mexicana del acero es, simplemente, un caso más de importaciones que entran a precios más bajos que sus costos de producción al país.
El asunto es nítido: si la prioridad más importante de cualquier política de desarrollo es la de promover el bienestar integral de su población, los componentes de esas acciones deben formar un conjunto armónico que lleve a dicho fin dando su lugar al comercio exterior como poderoso motor del desarrollo.
Es aquí donde la Secretaría de Economía, encargada por la Constitución de promover el desarrollo general, tiene que sopesar las repercusiones de sus decisiones. La política de apertura a las importaciones se convierte en dañina a los intereses nacionales si atiende sólo los intereses del consumidor nacional, sustituyendo el producto nacional con artículos importados, por ser más baratos, aunque con esta acción se reduzcan los niveles de empleo.
Al menos 60% de la composición de nuestras manufacturas es extranjera. La industria automotriz, campeona de nuestras exportaciones, opera con un bajo contenido nacional, quizás del 30%. Las impresionantes cifras de exportación se forman con la maquila y el armado de componentes extranjeros. La creación de empleos, que tanto urge, está lastrada porque la actividad industrial que la alimenta aprovecha sólo una porción de nuestro potencial laboral. Si fabricásemos los millones de componentes que importamos, los nuevos empleos que se crearían se adicionarían a los del ensamble y armado que ya existen, y que forman el grueso de nuestra industria actual.
Hay que fortalecer a nuestra industria para que aproveche a cabalidad los recursos materiales y humanos con que contamos, lo que implica que, en ciertos casos, la competencia extranjera se presente más barata. Es importante entender que los bajos precios a que muchas veces se ofrecen los productos importados no configuran dumping, es decir, ventas por debajo de sus costos. La acción que corresponde es la de defender al producto nacional, más caro por la estructura general de costos nacionales. De no favorecer al producto mexicano, frente a una competencia no “desleal”, sino simplemente más eficiente, estaremos cediendo nuestra actividad productiva al extranjero. El trabajador mexicano sale perdiendo y el consumo nacional se estanca.
No se han articulado suficientemente las diversas responsabilidades que convergen en el comercio exterior. En la Comisión de Comercio Exterior, órgano de la Secretaría de Economía, creada para conciliar los intereses del productor nacional con los del consumidor, no se consideran los del trabajador.
No hemos armonizado las ambiciosas metas de la promoción de exportaciones y racionalización de importaciones con el factor laboral, piedra angular de la prosperidad general.
El problema del acero, que hoy nos ocupa, abarca una industria localizada en varios puntos de la República que, hasta ahora, ha perdido 10 mil empleos directos y 40 mil indirectos, pudiendo aumentarse en muchos más si no sorteamos los dilemas que un comercio exterior dinámico plantea.
Las decisiones que hay que tomar para defender la ocupación mientras vigorizamos nuestros intercambios, van más allá de una sola secretaría; para tomarlas hace falta una coordinación pública y privada que se imparta desde el máximo nivel.
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