«En conclusión», señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), «la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, lejos de implicar una militarización o una vulneración constante de los derechos humanos, responde a un esfuerzo por enfrentar los retos de seguridad del país mediante un modelo de cooperación institucional».
Esta es la principal conclusión del organismo al presentar su «informe especial sobre la participación de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública, prevención y cultura de la paz», dado a conocer este 20 de diciembre.
La CNDH destaca la disminución de quejas en contra de Sedena y la Armada por violación a los derechos humanos, como apunta en el Informe:
«Hay disminución notable en el número de quejas interpuestas ante esta Comisión en contra de las Fuerzas Armadas, en relación con los periodos correspondientes a las administraciones federales que precedieron a la anterior y a la actual.
«La Secretaría de la Defensa Nacional es la institución que históricamente en las administraciones revisadas ha presentado mayor número de quejas, con 7 mil 808 quejas en el periodo de del 01 de noviembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, sin embargo, es valioso reconocer la significativa disminución en este rubro, ya que en contraposición con la administración federal actual en la que se presentaron 2 mil 184. la reducción estimada es del 72%.
«La Secretaría de Marina es la institución armada con el menor índice de quejas relacionadas con su participación en tareas de seguridad, teniendo su pico más alto en el periodo del 01 de noviembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018 con mil 808 quejas, que, en comparación con la actual administración federal, representa una disminución aproximada del 58%.
«Se observa una marcada disminución de las conductas que atentan contra los derechos inderogables de las personas, como la vida, la integridad personal, la dignidad y la libertad, que corresponden a violaciones graves de derechos humanos.
«En relación con los presuntos hechos violatorios denunciados en contra de las instituciones encargadas de tareas de seguridad, durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2018, los más destacados fueron las detenciones arbitrarias, la tortura, y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Sin embargo, en el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de julio de 2024, estos hechos ya no figuran entre las principales presuntas violaciones denunciadas contra la Fuerza Armada Permanente y la Guardia Nacional. En su lugar, se destacan casos como el incumplimiento de principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; la falta de cumplimiento de las formalidades en la emisión de órdenes de cateo o durante su ejecución, así como en las visitas domiciliarias; y la prestación indebida del servicio público».
De igual manera, rechaza que haya una militarización en el país y que este concepto es parte de una narrativa contraria a los esfuerzos del gobierno federal en la materia:
«La idea de que la militarización representaba un peligro inminente para nuestro país cobró fuerza con la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, tanto en el ámbito operativo como en el administrativo. Sin embargo, esta percepción dista del concepto real histórico de militarización, que implicaba sistemas represores dirigidos contra la sociedad y muy en particular contra los sectores disidentes.
«Las políticas públicas referenciadas están enfocadas en atender las necesidades de los sectores más vulnerables, incluyendo un enfoque integral en materia de seguridad pública. En este contexto, la operación de la Guardia Nacional se concibe como un elemento dentro de una estrategia más amplia para la pacificación del país, en la que la participación coyuntural de las Fuerzas Armadas Permanentes también desempeña un rol complementario.
«Desde el año 2022, los medios de comunicación masiva difundieron un mensaje basado en la idea de ‘militarización’, buscando influir en la opinión pública y establecer la percepción de una intromisión militar en todos los ámbitos de la vida pública y privada del país. Según este discurso, los militares se impondrían por la fuerza, vulnerando derechos humanos. Sin embargo, esta narrativa no logró calar profundamente en la población, como lo demuestra el elevado índice de aceptación hacia las Fuerzas Armadas Permanentes. Los índices de aprobación recabados por el INEGI a través de las encuestas ENVIPE y ENSU muestran que las instituciones castrenses son las más aprobadas, seguidas por la Guardia Nacional».
Y agrega que la participación de militares en tareas de seguridad pública responde a la estrategia gubernamental en este ámbito y a la gran acepctación de la población de las fuerzas armadas.
«Se ha advertido el alto grado de sofisticación estratégica y acceso a material bélico que poseen los actores vinculados a la delincuencia organizada. Desde el punto de vista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, estas situaciones representan una amenaza que obliga al Estado mexicano a implementar acciones urgentes y efectivas para neutralizar los hechos delictivos y reducir, de manera expedita, los índices delictivos actuales en el país que afectan la tranquilidad de la población.
«Esta estrategia ha mostrado resultados positivos en la contención e incluso la reducción de fenómenos que previamente estaban fuera de control a través de la atención coordinado y colegiado entre diversas autoridades federales y estatales a través de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el Plan de Seguridad Nacional, el Gabinete de Seguridad y las Coordinaciones Estatales o Regionales para la Construcción de la Paz.
«Desde un enfoque integral, no existen elementos que sustenten la afirmación de una ‘militarización de la seguridad pública’. Por el contrario, se observa un sistema renovado que coordina esfuerzos entre las autoridades, dentro de sus respectivas competencias, para fortalecer la paz, la convivencia democrática y la promoción de una cultura de legalidad y respeto a los derechos humanos.
«Los resultados presentados por las Fuerzas Armadas Permanentes en tareas de seguridad pública en mayo de 2023 y en febrero de 2024 arrojan datos alentadores. Los esfuerzos realizados con los tres niveles de gobierno han disminuido, significativamente, los delitos del fuero federal, el robo de hidrocarburos, los homicidios dolosos, las carpetas de feminicidios y de secuestros, así como el robo en general en sus diversas modalidades».
Finalmente, la CNDH señala que con la participación militar en seguridad pública «se busca evitar que estas instituciones sean utilizadas como un medio de control político para cometer violaciones a los derechos humanos o para ejercer represión contra las personas. Así, ninguna fuerza armada pública del Estado debe ser empleada de manera discrecional o arbitraria, en función de intereses personales de quienes se encuentren en el poder, sino únicamente para prestar un auténtico servicio al pueblo».
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