El priista César Duarte Jáquez, Gobernador de Chihuahua, acumula denuncias por supuestos uso indebidos de recursos públicos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y cohecho, entre otros, sin que hasta el momento alguna autoridad federal y mucho menos local haya tomado cartas en el asunto.
El solo hecho de que un mandatario –de cualquier de los tres niveles de gobierno– esté bajo sospecha ante la ciudadanía a la que, por Ley, debe servir debiera ser motivo para que las autoridades judiciales intervengan. En México, sin embargo, esto no sucede y esa impunidad es la que mayor mella ha hecho al Estado mexicano, sumido ahora en un total descrédito.
Ayer, otro escándalo estalló en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, luego de que se difundiera que el Secretario de Salud del estado, Pedro Hernández Flores –hombre de las confianzas de Duarte Jáquez– habría depositado a Bertha Olga Gómez, esposa del Gobernador priista, un millón 345 mil dólares mediante un cheque, y habría emitido otro a nombre de Rosa Isela Gaytán, titular de Servicios Jurídicos en la Secretaría de Salud de la entidad, éste por un monto de 645 mil pesos.
Las imágenes de los dos cheques que corresponden a la institución bancaria estadounidense Wells Fargo, y que fueron emitidos en una sucursal de El Paso, Texas, fueron enviadas a medios de comunicación y divulgadas profusamente en redes sociales.
Uno de los cheques tiene el número de folio 04392155 por la cantidad de un millón 345 mil dólares y fue girado a nombre de Bertha Olga Gómez, esposa del mandatario del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El otro tiene el folio 04392156, asciende a la cantidad de 645 mil dólares y fue emitido para Rosa Isela Gaytán, funcionaria del gobierno de Duarte.
Ambos cheques tienen fecha del 9 de julio de 2015 y cuentan con el sello de aprobación del cajero. El dinero proviene de una supuesta cuenta de Pedro Hernández registrada con el número Wells Fargo No. 7702197435.
El 30 de julio pasado, SinEmbargo publicó un reportaje en el que se reveló que Hernández Flores cobró dos salarios durante al menos dos años: uno por haber ocupado, hasta 2014, la posición de director general del Régimen Estatal de Protección en Salud, o Seguro Popular, y otro más por el cargo de director Administrativo de la Secretaría de Salud del estado. De acuerdo con documentos oficiales, por el primero recibió 64 mil 68 pesos mensuales, y 56 mil 139 por el segundo.
Además, copias de un estado de cuenta a nombre del mismo titular de Salud, con 5.7 millones de dólares, fueron difundidas por correo electrónico a diversos medios de la entidad. En el documento se observa que la cuenta, número 7702197435 de la sucursal en El Paso de Wells Fargo, fue abierta desde 2011, en el primer año de la actual administración.
Semanas antes, al Gobernador César Duarte y a su esposa se les relacionó con el uso de recursos públicos para beneficiar un banco del que son socios. En noviembre de 2012 constituyeron un fideicomiso (contrato 744743) en Banorte, por 65 millones de pesos, por medio del cual adquirieron acciones de Banco Progreso Chihuahua. Luego sacaron millones de pesos del Gobierno estatal para alimentar de recursos a su propio banco.
Un equipo de la periodista Denise Maerker obtuvo copia de ese fideicomiso y le preguntó al Gobernador. Él respondió: “Está el fideicomiso, claro, y no lo leí. A lo macho que no lo leí”.
“[El fideicomiso] es un listado de asociaciones crediticias que se unieron para respaldar en un momento determinado el riesgo que pudiera tener el Banco Unión Progreso. Y eso se hizo porque hay más de 100 mil ahorradores, más de 3 mil accionistas de una unión que hubiese sido una crisis social muy profunda en el estado”, agregó el priista.
En julio 2013, el listado de socios del banco ya incluyó el fideicomiso 744743 de los Duarte. Jaime García Chávez, un abogado y activista social de Chihuahua que ha llevado la cabeza de la denuncia pública, logró comprobarlo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores aprobó en marzo pasado la creación de ese banco. El fideicomiso sirvió de respaldo.
También semanas antes de que los Duarte formaran su fideicomiso, el Gobernador contrató como Secretario de Hacienda estatal a Jaime Ramón Herrera Corral, uno de los estrategas financieros del banco chihuahuense. Herrera Corral fue director de Unión de Crédito Progreso, una de las entidades financieras que, junto con una casa de cambio, se fusionarían para dar origen al Banco Unión Progreso.
Herrera fue el presentante legal de Unión de Crédito Progreso casi hasta 2014; es decir, aún siendo Secretario de Hacienda estatal. Es socio hasta el día de hoy.
Así, pues, se han ido revelando más y más cosas que involucran a César Duarte Jáquez con acciones presuntamente ilícitas, pero aunque documentos van y vienen en los medios, y en conferencias de prensa, el Gobernador, su esposa y sus más cercanos colaboradores se mantienen intocables.
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