Decenas de médicos que han ocupado cargos directivos en la Secretaría de Salud, afirman que el titular de la dependencia, Pedro Genaro Hernández Flores y funcionarios cercanos a él se han enriquecido mediante el desvío de recursos, con el amparo de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del gobernador César Duarte Jáquez.
Los principales afectados, afirman, son los derechohabientes del Seguro Popular de quienes han sacado provecho mediante la afiliación de chihuahuenses en Estados Unidos. Por cada afiliado le dan a la entidad tres mil pesos aproximadamente y otra cantidad por los reafiliados.
Por temor a represalias, extrabajadores que se negaron a desviar recursos o a rendir pleitesía a Hernández Flores, han presentados sus denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través de un correo anónimo y de un perfil de Facebook a nombre de Justino Veraz.
A través de la red social, denunciaron que el titular de la SS realizó depósitos en el banco estadunidense Wells Fargo en la sucursal de El Paso, Texas, a favor de Bertha Gómez y la jefa del departamento jurídico de la Secretaría de Salud, Rosa Isela Gaytán Díaz, quien también es dirigente de las mujeres del PRI en el estado.
Como prueba difundieron dos cheques con fecha del 7 de septiembre pasado — folios 04392155 y 04392156—uno por un millón 345 mil dólares a favor de Gómez Fong y otro de 645 mil dólares a nombre de Rosa Isela Gaytány a través de la cuenta de Pedro Hernández y Rocío Padilla.
Desde el correo anónimo también enviaron la imagen de un documento presuntamente emitido por el banco estadunidense mencionado, en el que señala que el secretario de salud y Rocío Padilla, quien además es expareja de Hernández, tienen depositado más de cinco millones 780 mil dólares (más de 80 millones de pesos) y que realiza una investigación porque “creció muy rápido esa cuenta”.
Hoy, en una rueda de prensa convocada para informar sobre la evolución en la salud del gobernador, Hernández Flores aseguró que “los cheques son apócrifos” y que este sábado 19 a las 11:00 horas, dará a conocer su versión.
Además se solicitó al área de comunicación social de la SS, información sobre las denuncias de desvío de recursos y el titular de salud estatal se ofreció a dar toda la información al concluir la conferencia pero en cuando ésta concluyó, se fue sin dar explicación alguna.
Y mientras las cuentas de los funcionarios crecen, el sistema de salud cae cada vez más. Según las denuncias de los exservidores de salud, desde 2013 tienen “arrumbado” un angiógrafo nuevo para subrogar servicios de cardiopatía que actualmente son cubiertos con recursos federales.
De acuerdo con esta denuncia, WEB 48631, presentada ante la Auditoría Superior de Chihuahua (ASCH), la SS estatal adquirió en el segundo semestre de 2013, con recursos federales, un equipo de angiografía para el hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua.
Dicho equipo fue entregado por la empresa General Electric en diciembre de 2013, tras un pago de más de 20 millones de pesos. Fue guardado en el hospital General de Chihuahua Salvador Zubirán, donde permanece sin ser instalado.
Según reportes publicado en la página web de la ASCH, la SS estatal declara gastar unos 10 millones de pesos al año en cateterismos cardiacos financiados mediante el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos manejado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
Según los denunciantes, el monto devengado por este concepto sólo en un año “es suficiente para financiar la compra e instalación de un equipo propio en cualquiera de los hospitales acreditados para mejorar urgencias cardiovasculares”.
No conforme con que un angiógrafo permanece guardado, el pasado 9 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la autorización para modificar el anexo 3.1 del convenio número DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-CHIH-01/12, firmado los días 2 y 4 de julio de 2012 entre el secretario de Hacienda estatal Jaime Ramón Herrera Corral y el gobierno federal.
Con la modificación se amplió el convenio y se autorizaron 10 millones de pesos más para realizar las cardiopatías congénitas en menores de 12 años en el hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua.
La denuncia por mantener el angiógrafo arrumbado fue presentada contra Duarte Jáquez, Pedro Hernández; Rosa Isela Gaytán, Víctor Manuel López Lozano, director administrativo de la SS y Antonio Navarrete Jurado, director de Planeación de la dependencia.
Afiliación al seguro popular, jugoso negocio
Otro “jugoso negocio” del titular de la SS, afirman los denunciantes, es la afiliación de chihuahuenses al Seguro Popular.
Hernández Flores fue nombrado titular de la SS en noviembre pasado. Del 2010 a esa fecha, fue director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) pero de acuerdo con el organigrama publicado por la propia dependencia, de 2013 a 2014 desempeñó dos cargos.
Era director administrativo de la SS y al mismo tiempo director general del REPSS, organismo que administra el Seguro Popular, es decir, era juez y parte, porque él mismo supervisaba y ejercía recursos financieros para prestar servicio del Seguro Popular.
Un reporte obtenido a través de Infomex, folio 07422014, señala que como director administrativo de la SS, Pedro Hernández tenía un horario de 9:00 a 15:00 horas, cargo que ocupó desde marzo de 2013 hasta noviembre de 2014 y como director general del REPSS estuvo del 4 de noviembre de 2010 hasta noviembre de 2014, en un domicilio distinto.
A través del REPSS, que maneja recursos federales, Hernández Flores y la esposa del gobernador iniciaron en 2012 una campaña en Estados Unidos para afiliar chihuahuenses al Seguro Popular. Por cada afiliado le dan a la entidad unos tres mil pesos y otra cantidad por los reafiliados.
El gobierno estatal recibe dinero por cada afiliado, independientemente de dónde vivan, pero para recibir el servicio deben viajar a Chihuahua y casi nadie viajó de Estados Unidos para atenderse. El encargado de afiliación era César Chavira.
“En ese tiempo, cuando bajaron los recursos, le propusieron al gobernador que prometiera ambulancias a cada municipio, con un costo de siete millones de pesos cada una. Pero sólo habilitaron camionetas como ambulancias y en municipios pequeños tuvieron un problema: no les contrataron ni un paramédico y las utilizaban para otras cosas”, dijo a la reportera un excolaborador de la SS, cuyo nombre se omite por seguridad.
En octubre de 2012, Hernández recibió en Veracruz un reconocimiento por parte del REPSS pro su labor como director del Seguro Popular de Chihuahua. El premio lo otorgaron los tres niveles de gobierno a organismos que tienen “prácticas innovadoras” basadas en tecnología de información y comunicaciones que se enmarcan en alguna de las categorías de la edición 2012: salud, educación, medio ambiente, trabajo y turismo.
Hasta ahora se desconoce cuánto y en qué fue invertido el dinero otorgado por el gobierno federal para el seguro popular.
Personal médico afirma que el hospital Central, en el que opera el Seguro Popular, está colapsado por la mala administración, no hay fondos suficientes para todos los programas que deben atender: Fanvi, población indígena, veteranos de la Revolución y sus familiares. “No fondean el programa, no hay control e medicamentos”, acusan.
“Por malas compras han tenido que subrogar servicios básicos como operación de cataratas. Unos meses los mandaban a la empresa Aris Vision pero las personas se quejaban por malas prácticas y la quitaron de la lista de servicios del Seguro Popular”, afirma un colaborador cercano de la dirección.
Bajos niveles en salud
Chihuahua ocupa los primeros lugares en muerte materna, mortalidad infantil, embarazos en adolescentes y presenta índices en violencia intrafamiliar por encima de la media nacional; se ubica entre los primeros lugares de consumo de alcohol en la población de 10 a 15 años y la esperanza de vida para 2014 es menor que el promedio nacional: 72.3 años frente a 74.7 en el país, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
El porcentaje de adolescentes de Chihuahua que ha consumido alcohol por lo menos una vez en su vida a partir de los 10 años, ha incrementado de 14.7% en el 2006 a 41% en 2012.
Con ese panorama, en febrero pasado, Pedro Hernández recibió una certificación del gobierno federal para la secretaría que encabeza.
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