En las cerca de 50 reuniones de la Conago se han gastado muchos millones de pesos, un derroche que no se contempla en ninguna partida presupuestal.
Los mexicanos son incapaces de gobernarse a sí mismos democráticamente; necesitan de un padre benévolo que los guíe y que aplique flexiblemente el sentido general de la ley.
Atribuido a los científicos porfiristas.
En una reunión, el presidente electo Vicente Fox les manifestó a los 31 gobernadores y al jefe de Gobierno del Distrito Federal que se respetaría la Constitución, pues concluían las renuncias inducidas desde el centro del país (49 de 1929 a 2000; 12 en el gobierno de Carlos Salinas). También les comunicó que se duplicarían las aportaciones federales a los estados y que los delegados de las dependencias federales deberían contar con el visto bueno de los Ejecutivos estatales. Los gobernantes, que iban con una gran humildad (particularmente los del PRI y del PRD), sonrieron aliviados. Se extinguía el único factor de equilibrio que los atemperaba.
Se iniciaba el “feuderalismo”. Teniendo controlados los órganos locales, nada frenaría sus desmanes. Meses después, se les ocurrió crear la Conferencia Nacional de Gobernadores. Están en su derecho de reunirse e intercambiar experiencias para mejorar la gobernanza en sus entidades. Pero de eso a formar un organismo, integrar comisiones para tareas específicas, hay una gran distancia. En las cerca de 50 reuniones de la Conago se han gastado muchos millones de pesos, un derroche que no se contempla en ninguna partida presupuestal. Desafortunadamente, el secretario de Gobernación de entonces, por tibieza o falta de carácter y pensando más en sus aspiraciones presidenciales, no tuvo la entereza de frenarla.
Los gobernadores son el mayor obstáculo para nuestra fallida democracia. Tiene más poder un gobernador en su estado que el Presidente en la República. Cuando la Suprema Corte señaló violaciones a la Constitución y a los derechos humanos en Oaxaca, al ser reprimidos movimientos ciudadanos, no hubo ninguna presión de Felipe Calderón para propiciar la renuncia de Ulises Ruiz.
El organismo, creado para obstruir al gobierno panista y fortalecer los cacicazgos locales, riñe con el Pacto Federal y explícitamente viola el artículo 117 constitucional: “Los Estados no pueden, en ningún caso: Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras”. El Presidente y funcionarios federales que han asistido a sesiones de ese órgano espurio también lo han violado.
Ahora, en una actitud cínica y de desprecio a la ley, plantean una reforma constitucional para que se consignen la existencia y las atribuciones de este organismo. Vaya ejemplo de patriotismo constitucional, primero lo crean y después proponen modificar la Carta Magna para darle sustento jurídico. Para Ripley.
La propuesta, aprobada por unanimidad en el seno de la Conago, en la más supina ignorancia, hace a un lado el Pacto Federal. ¿Acaso el Senado no es la institución que representa y defiende a las entidades federativas? ¿Con qué argumentos se puede justificar esta reforma en nuestra parchada y remendada Constitución?
Los gobernadores atropellan a los Congresos locales, a los tribunales superiores de justicia, a los órganos electorales, a las comisiones de derechos humanos y a los institutos de acceso a la información. Son hoy ejemplo monumental de burla y de corrupción. Desde luego con las sabidas y muy escasas excepciones. Se atreven a proponer modificar nada menos que el artículo 120, que señala que están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales. Ni la burla perdonan.
Ya se instalaron las comisiones encargadas de organizar la ceremonia del primer centenario de la Constitución de 1917, que seguramente será apoteótica y ostentosa. Pero si los gobernantes no la respetan, ¿qué podemos esperar del resto de los ciudadanos? ¿Qué hacer cuando repiquetea en todos los discursos un Estado de derecho que contrasta con la violación cotidiana de nuestra ley fundamental?
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