Es deseable que aflore lo mejor de México.
El mundo vive un cambio de época más que una época de cambios. Los sistemas tradicionales han entrado en crisis en distintas latitudes y se multiplican las exigencias de la población por un cambio de rumbo, de nuevas respuestas a las demandas en medio de un malestar ante los escándalos de corrupción, impunidad, exclusión y la concentración de privilegios en muchos de los políticos y autoridades de nuestro tiempo.
Esta irritación se expresa de diversas maneras. Los psicólogos sociales han identificado un sentimiento predominante de frustración que se manifiesta en algunos como tristeza e indiferencia. En otros, la mayoría, se refleja en enojo y determinación de hacer algo por modificar la realidad sin saber exactamente cómo hacerlo. Esta situación ha hecho que se ajusten a la baja las mediciones sobre las expectativas de futuro; hay pesimismo, incertidumbre y en no pocas ocasiones angustia y desesperación que se refleja en arrebatos de ira y violencia como los hechos ocurridos en centros escolares y comerciales de las grandes ciudades.
Ante esto, las falsas salidas se multiplican entre quienes las ofrecen y quienes las buscan. Por ello no deja de sorprender la carrera de Trump para quedarse con la candidatura del Partido Republicano, explotando la insatisfacción y la supuesta amenaza exterior que incluye a los mexicanos. También el resultado inesperado en las recientes votaciones en el Reino Unido con el triunfo del «sí» en el BREXIT, auspiciado por líderes populistas que fueron capaces de canalizar el descontento entre la población de mayor edad a base de mentiras como el incremento de cuotas al sistema de salud británico. También la pretendida irrupción de populismos separatistas en España, financiados por el chavismo a través de la coalición Juntos Podemos que, afortunadamente, fue frenada por el triunfo del Partido Popular y de las fuerzas constitucionalistas como PSOE y Ciudadanos.
México no es ajeno a este mal humor social, a la insatisfacción con lo que sucede o no sucede en el país y que provoca malestar ante la falta de respuestas de las autoridades en todos los órdenes. Esta situación se complica y se torna especialmente delicada para la estabilidad y la paz social cuando los frentes de conflictos se multiplican debido a la ausencia de operación política y que, de no ser atendidos, pueden generar inestabilidad e ingobernabilidad.
Por eso preocupa que las autoridades insistan en que todo está bien y que aquí no pasa nada, como confirmando la expresión proverbial de Jaime Sabines: «Aquí no pasa nada, mejor dicho, pasan tantas cosas juntas al mismo tiempo que es mejor decir que no pasa nada». Es cierto, están pasando muchas cosas juntas al mismo tiempo a manera de frentes abiertos que se multiplican por doquier y que dan la sensación de un preocupante estado de normalidad, peligroso para la gobernanza del país.
Algunos de estos frentes han requerido en las últimas horas de intervenciones extraordinarias de autoridades del gobierno federal aumentando el desgaste del ya de por sí disminuido capital político del régimen, dados los bajos niveles de aprobación social. Aquí algunos ejemplos.
El frente magisterial es revelador por la fidelidad y congruencia con la que sus dirigentes aplican las tesis de escalada violenta para defender sus intereses ilegítimos. Sin embargo, el gobierno federal demuestra una y otra vez una incapacidad para resolver el conflicto, confundiendo la agenda educativa con la de la subversión y mezclando las políticas educativas y hasta administrativas derivadas de la reforma educativa que requieren diálogo y negociación con las de la represión descontrolada y carente de inteligencia en los operativos que ya incluye muertos y centenares de heridos. Por si algo faltara, algo indica que en este trabuco se mezclan los apetitos y luchas por la sucesión presidencial adelantada entre dos o más aspirantes.
El frente contra la corrupción hizo crisis por la maniobra de los legisladores del PRI y del PVEM de modificar en las horas de la madruga y en total descoordinación entre el partido, el grupo parlamentario y el gobierno algunos artículos del dictamen a fin de imponer obligaciones impensadas para el sector empresarial. Una demanda de la población es respondida con un manotazo autoritario contra un sector que, si bien debe acreditar legalidad y transparencia, no debe hacerse como se había definido antes del forzado y limitado veto presidencial.
El frente por la familia se salió de control luego de que en una inesperada iniciativa el Presidente decidió, aún sin saber por qué, aprovechar una efeméride para reconocer derechos de minorías en detrimento de la institución del matrimonio. No es un tema de derechos humanos ni de preferencias sexuales lo que se objeta; es un asunto de sentido común y de congruencia con la veta cultural de una sociedad que reconoce en la familia y el matrimonio a dos instituciones fundamentales que requieren de todo el apoyo y reconocimiento del Estado mexicano y que, con visión de estado, pueden ser asumidas como parte esencial de la fortaleza y reserva estratégica del país por su capacitada de cohesión y contribución social.
Y el frente electoral apenas refleja los efectos de los sorprendentes resultados de las elecciones del 5 de junio, con ecos entusiastas de victoria que alientan al PAN y sus aliados a la alternancia; también reflejan la amargura y la conmoción por las derrotas al interior del gobierno y su partido con la consiguiente búsqueda de culpables que, luego de la renuncia de su presidente, se han recrudecido con un endurecimiento del régimen para reagrupar a las fuerzas de cara a la sucesión presidencial y al instinto de conservación del poder.
Ante todo esto, es deseable que aflore lo mejor de México, que tirios y troyanos asumamos la preeminencia del interés nacional y el bien común y que, privilegiando la vía política, demos paso al diálogo, a los acuerdos y definiciones de estado que aseguren la paz, el orden, el bienestar y el desarrollo de los mexicanos sin confundir el respeto a la voluntad popular y los derechos humanos, con la razón de estado tan socorrida en los regímenes autoritarios.
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