La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) revisar las modificaciones al calendario escolar 2025-2026, que adelantan el fin de clases al 5 de junio. La institución advirtió que esta disposición afecta exclusivamente las jornadas educativas de los menores, sin modificar las laborales de sus cuidadores, lo que genera un desequilibrio para las familias.
Gobiernos estatales como los de Jalisco y Guanajuato rechazaron la medida. Argumentan que no existe justificación suficiente, ya que sus entidades no son sedes principales del Mundial o que los impactos educativos superan los beneficios. Jalisco mantendrá su calendario hasta finales de junio, mientras Guanajuato exhortó a reconsiderar el ajuste, señalando que no es sede mundialista. La previsión meteorológica para junio indica temperaturas promedio de 24 grados centígrados en varias regiones, lo que contradice el argumento oficial de una ola de calor extrema esgrimido por el secretario Mario Delgado.
Desde la postura federal, la SEP y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas justifican el cambio por condiciones climáticas y la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los partidos programados para las 18, 19 y 20 horas —con inauguración a las 11— facilitarían que los niños sigan el evento. Autoridades destacan el interés superior de los menores en un contexto de altas temperaturas en algunos estados y el orgullo nacional por ser coanfitriones. Sin embargo, críticos cuestionan si se prioriza el espectáculo deportivo sobre la continuidad educativa, especialmente ante un rezago acumulado en aprendizajes tras años complejos.
La CNDH enfatiza la responsabilidad del Estado en proteger el derecho a la educación y el interés superior de la niñez. Organizaciones de padres y analistas expresan indignación ante la posibilidad de casi tres meses de vacaciones, que trasladan la carga a las familias sin apoyo adicional. ¿Cómo compatibilizar el cuidado de los niños con las obligaciones laborales de los adultos? Esta interrogante expone desigualdades: hogares con recursos podrán ofrecer actividades, mientras otros enfrentarán dificultades logísticas y económicas.
Sectores a favor del ajuste celebran la oportunidad de que millones de niños compartan la fiesta futbolística, fomentando cohesión social. No obstante, voces opositoras ven en la decisión una subordinación de la política educativa a intereses mediáticos y económicos del Mundial. La discrepancia entre el argumento climático y los datos meteorológicos alimenta sospechas de motivaciones políticas ocultas, generando desconfianza y polémica.
Este debate revela tensiones estructurales: la educación pública como prioridad declarada versus su aparente flexibilidad ante eventos globales. Mientras algunos estados defienden calendarios locales para mitigar rezagos, la postura central sugiere que el entretenimiento colectivo pesa más que semanas adicionales de clases. La resolución de este conflicto no solo definirá el calendario inmediato, sino que pondrá a prueba la consistencia de las políticas educativas y la capacidad del Estado para equilibrar derechos infantiles con agendas nacionales. La indignación ciudadana crece ante la percepción de que, una vez más, los menores pagan el costo de decisiones adultas.
