La inercia hace que cuando se reflexiona sobre la reforma del Estado en México por lo general se aluda al poder federal, sin tener presente que el nuestro es un sistema complejo.
La Constitución establece que el Estado mexicano se integra por la Federación, los Estados y los municipios, y alude a los órganos del poder federal, estatal y municipal como tres “niveles” u “órdenes” de gobierno.
Nuestro federalismo siempre ha sido endeble. Desde su adopción, en 1824, no han cesado las medidas que denotan una tendencia centralizadora. Las causas económicas, culturales y políticas que generan este fenómeno no han sido atendidas.
Lo razonable habría sido que la evolución general del país propiciara el desarrollo democrático del sistema federal; esto todavía no ocurre. En su lugar, se ha procurado atenuar el monopolio local del poder por una doble vía: ampliando las facultades federales a través del artículo 73 constitucional, y adoptando reglas que se imponen a los Estados desde la Constitución nacional. Este último mecanismo ha sido el más utilizado en los últimos lustros.
Para subsanar las omisiones y para mitigar los excesos de los gobiernos locales, en la Constitución federal se han incorporado reglas detalladas que todos los Estados deben aplicar en materias como defensa y promoción de los derechos humanos, acceso a la información, justicia administrativa y política, justicia para menores, oralidad en los juicios penales, combate a la corrupción, seguridad pública, procesos electorales, cuantificación de los salarios oficiales, administración de los caudales públicos, asignación de contratos y asunción de deuda pública, entre otras cuestiones. A esto se suma la organización del poder local, que siempre ha figurado entre las normas de la Constitución federal. Con el tiempo, las constituciones locales se han convertido en disposiciones reglamentarias de la Constitución federal.
En adición a lo anterior, el sistema constitucional mexicano establece que las decisiones adoptadas por los jueces locales son susceptibles de revisión por parte de los tribunales federales. Es lo que se conoce como amparo judicial o directo. Este instrumento de control viene desde el siglo XIX. En 1916 Venustiano Carranza sostuvo ante el Congreso Constituyente que era necesario preservar esa vieja institución porque en los Estados los juzgadores seguían siendo “instrumentos ciegos de los gobernadores, que descaradamente se inmiscuían en asuntos que estaban por completo fuera de sus atribuciones”.
Cien años después de ese duro diagnóstico de Carranza subsisten los atropellos del poder local que impiden remover el amparo directo. Los vicios que don Venustiano denunciaba siguen presentes, a pesar de que ahora hay jueces locales competentes y probos.
Numerosos Estados son escenario de actos arbitrarios y corruptos donde la democracia institucional continúa ausente. Llama la atención que un siglo completo no haya bastado para resolver tan graves problemas.
Durante largo tiempo se sostuvo que esos fenómenos eran consecuencia del ejercicio hegemónico del poder por un partido. Lo que hoy vemos es que las prácticas caciquiles son comunes en entidades gobernadas por diferentes partidos. El problema, por ende, no está en los partidos sino en el diseño y en el funcionamiento de las instituciones.
Hay y ha habido gobernadores honorables y diligentes, algunos incluso demócratas; pero esto corresponde a las convicciones personales, no a que el sistema institucional ofrezca la certidumbre de que así suceda en todos los casos. Los constantes episodios de autoritarismo y de corrupción son del dominio público desde el siglo antepasado y hoy son nota internacional, como lo exhiben las autoridades judiciales estadounidenses y españolas.
La coacción ha mostrado su insuficiencia para inhibir las desviaciones, máxime cuando tampoco se aplica. Además, las medidas punitivas operan una vez que los daños se han producido. Los remedios eficaces actúan, a la inversa, como controles políticos que dificultan la arbitrariedad y la corrupción, y que infligen sanciones políticas a los abusadores y a los incompetentes.
Dos siglos de experiencia deben ser suficientes para entender que será imposible superar los vicios del caciquismo y de la corrupción, cuyos efectos de pobreza, injusticia, temor e inseguridad padecen millones de mexicanos, sin una reforma que sujete a los gobernantes locales a los controles efectivos de la democracia representativa.
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