El presunto financiamiento irregular de la campaña presidencial del PRI en 2012 fue el pretexto para que los partidos políticos introdujeran en la legislación electoral una serie de controles de los gastos de proselitismo, amenazando con anular el registro e incluso el triunfo de quienes incumplieran con los procedimientos y disposiciones adoptados.
Para ello se elaboró un barroquísimo reglamento, acompañado de un rígido sistema de fiscalización en tiempo real.
Este último incluye la exigencia de presentar informes periódicos y la visita sorpresa de inspectores en casas y actos de campaña para revisar si la información que presentan los partidos es real.
Aunque está basado en la desconfianza, el propósito de lograr una mayor transparencia en las campañas sería loable si no introdujera en los procesos electorales mayor incertidumbre de la que existía anteriormente.
A nadie debe extrañar que los tribunales electorales estén inundados de recursos de impugnación.
Por otro lado, a pesar de que se quiso cubrir con reglas todos los posibles escenarios de conflicto en materia de financiamiento de las campañas, hoy hay muchos candidatos que están acudiendo o llamando a los organismos electorales para saber qué está permitido y qué está prohibido.
Lo peor es que ni así están pudiendo resolver sus dudas.
Un ejemplo de ello son los candidatos independientes. Para el financiamiento de esta nueva figura de competencia se han elaborado reglas y dictado acuerdos contradictorios entre sí.
La ley deja a los organismos públicos locales electorales (los llamados OPLEs) la determinación de los topes de gastos de campaña para los candidatos a diferentes cargos.
Hasta ahí, la lógica funciona: no cuesta lo mismo hacer campaña por la gubernatura de Veracruz que por la de Aguascalientes, ni resulta igual de caro competir por la presidencia municipal de Culiacán que por la de San Ignacio o Cosalá.
En su artículo 41, la Constitución establece que en las campañas electorales, los recursos de origen privado no deben prevalecer sobre los de origen público.
En Durango, uno de los estados que tienen elecciones dentro de un mes, hay situaciones difíciles de entender. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango (IEPC) fijó en 3.19 millones de pesos el tope de gastos de campaña para los candidatos a diputado por los cinco distritos de la capital.
Sin embargo, decidió que en el caso de los independientes, éstos sólo podrían tener 10% de financiamiento privado, puesto que eso es lo que se exige a los partidos de forma anual (no así a sus candidatos en lo individual).
Con ello se puso en evidente tensión con la ley suprema, que sólo dice, como apunto arriba, que el financiamiento privado no debe ser mayor que el financiamiento público.
Peor aún, cuando el órgano local repartió la bolsa de recursos públicos entre los 22 candidatos independientes que hay en el estado (uno para gobernador, 15 para alcaldes y seis para diputados), a cada uno de éstos últimos sólo les tocaron 26 mil pesos.
Si sumamos 319 mil (10% del tope de gastos) y 26 mil, dan 345 mil pesos.
El primer absurdo es que, si bien el tope de gastos de campaña es de 3.19 millones de pesos, los candidatos independientes a diputados sólo pueden gastar 345 mil. El segundo es que, aunque no quieran, su financiamiento privado será mayor al público salvo que recauden menos de 26 mil pesos.
Ayer entrevisté en la radio al candidato independiente por el V distrito de Durango, Ignacio Nacho Aguado Hernández. Le reconocí que no entendía nada. Rió y me dijo que él tampoco.
Peor aún, nadie en el IEPC u otra instancia electoral se lo ha sabido explicar. Cuando se ha quejado de que no le dan información, le responden lacónicamente que presente un recurso.
A raíz de que el candidato a gobernador de Morena, Guillermo Favela Quiñones, impugnó la cancelación de su registro y usó las respuestas oficiales sobre desórdenes de este tipo para que se revirtiera la decisión, las autoridades electorales responden lo menos que pueden.
Así ha quedado este intento de que la legislación lo abarque todo: convertido en un berenjenal.
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