De acuerdo con el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, consultado por TResearch e integrado en su reporte mensual correspondiente a marzo de 2025, el delito de corrupción de menores ha mostrado un preocupante incremento. En el sexenio actual, encabezado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, se han acumulado un total de 771 denuncias por este delito, lo que representa una tendencia al alza que no puede ser ignorada.
Durante marzo de este año, se reportaron 223 denuncias, lo que equivale a un aumento del 7% con respecto al mismo mes del año anterior. Este crecimiento refleja la gravedad del problema y la necesidad de implementar estrategias más efectivas de prevención y combate.
En cuanto a la distribución geográfica, entidades como Guanajuato, Ciudad de México y Nuevo León concentran el 44% de los casos registrados desde el inicio del actual sexenio. Estas cifras indican que ciertas regiones son especialmente vulnerables o bien, que existe una mayor visibilidad del delito en dichos lugares.
Por otro lado, cuando se analizan las denuncias en proporción a la población, Baja California Sur, Guanajuato y Baja California lideran la lista con más casos por cada millón de habitantes. Esto sugiere que, independientemente del tamaño poblacional, estos estados enfrentan mayores niveles de exposición al delito o una mayor capacidad para detectarlo y denunciarlo.
El informe también detalla una variación interesante entre los años 2024 y 2025 en distintas entidades federativas. Mientras algunos estados han logrado reducir las cifras —como Aguascalientes, Coahuila y Zacatecas—, otros han visto aumentar alarmantemente los casos. Por ejemplo, en Michoacán y Nayarit se observó un repunte del 6%, mientras que en Oaxaca y Yucatán se presentó una disminución significativa del -6% y -2%, respectivamente.
Es importante destacar que el análisis de TResearch se basa en datos oficiales provenientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo cual otorga credibilidad a las cifras presentadas. No obstante, el cumplimiento de estándares internacionales de investigación, como los de AAPOR o ESOMAR, no implica aval alguno por parte de organismos gubernamentales sobre los resultados obtenidos.
Ante este escenario, resulta fundamental redoblar esfuerzos en materia de educación, vigilancia y sensibilización social, especialmente en aquellas zonas con mayores índices delictivos. La protección de los menores debe convertirse en una prioridad nacional, ya que el futuro del país depende de ello.
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