En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum se han denunciado formalmente 8,782 casos de violación equiparada en México, un indicador que enciende las alarmas en materia de seguridad pública y violencia de género a nivel nacional. Las cifras más recientes, correspondientes al corte de mayo de 2026, revelan que la crisis de violencia sexual mantiene una tendencia crítica y persistente en el país, consolidando focos rojos específicos en diversas entidades federativas.
De acuerdo con los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública recopilados por la firma TResearch, solo durante el mes de mayo de 2026 se registraron 543 denuncias por este delito. Este volumen representa un incremento del 1% en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando se reportaron 537 casos, confirmando que las estrategias de prevención e impartición de justicia penal aún enfrentan rezagos considerables para revertir la incidencia.
El análisis geográfico del fenómeno delictivo expone una profunda concentración territorial en el mapa de la república. Tres entidades federativas —la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León— concentran de manera conjunta el 44% de la totalidad de los casos denunciados durante la presente administración. La capital del país encabeza el registro absoluto con 2,063 carpetas de investigación, seguida por el Estado de México con 1,116 y Nuevo León con 687 reportes.
Sin embargo, al evaluar la problemática desde la perspectiva del impacto demográfico mediante la tasa por cada millón de habitantes, el orden de las regiones más críticas se transforma de manera alarmante. Bajo esta métrica, el estado de Campeche lidera la incidencia en el país con una tasa de 445 denuncias. En este listado de vulnerabilidad poblacional le siguen la Ciudad de México con 224 registros por millón y el estado de Hidalgo con 189 casos. Al observar la tendencia histórica de la última década en los registros nacionales, el delito de violación equiparada alcanzó su punto más alto en el año 2022, periodo en el que se contabilizó un récord de 7,455 denuncias formales. Posteriormente, el año 2025 concluyó con un total de 6,123 carpetas abiertas, mientras que el balance parcial acumulado en los primeros cinco meses del presente año 2026 ya suma 2,659 casos.
Para la opinión pública y la audiencia interesada en las políticas de seguridad del Estado mexicano, estas estadísticas representan un desafío ineludible en la agenda gubernamental. La persistencia en los altos niveles de denuncia no solo evidencia la magnitud de la violencia sexual en el tejido social, sino que también presiona a las fiscalías locales y federales a reformar los esquemas de persecución criminal y atención a las víctimas en las regiones con mayor concentración y tasa de criminalidad.
