La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Comité contra la Desaparición Forzada (CED), ha expresado una postura clara y preocupada sobre la situación de las desapariciones en México. En abril de 2025, el CED anunció que iniciaría un procedimiento especial bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, al considerar que existen indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en el país. Este artículo permite al Comité remitir el caso a la Asamblea General de la ONU si se confirma esta situación tras solicitar información al Estado mexicano.
El Comité ha destacado la gravedad de la crisis, señalando que, según datos oficiales, más de 110,000 personas han sido registradas como desaparecidas en México, con un aumento notable desde 2006. En comunicados previos, como en mayo de 2022 tras superar las 100,000 desapariciones, el CED y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias describieron la situación como una «tragedia desgarradora» y un «patrón crónico de impunidad». Han urgido a México a adoptar una política nacional para prevenir y erradicar estas desapariciones, fortalecer la búsqueda e investigación de los casos, y combatir la impunidad casi absoluta que persiste.
Además, el Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó en mayo de 2022 su «profunda tristeza» por la cifra de desaparecidos y mostró solidaridad con las familias, elogiando los esfuerzos de algunos sectores del gobierno mexicano, pero instando a acelerar las medidas para garantizar verdad, justicia y no repetición. La ONU ha enfatizado que las desapariciones no solo afectan a las víctimas directas, sino también a sus familiares y a la sociedad en su conjunto, considerándolas un problema de toda la humanidad.
La respuesta del partido oficial no podría ser otra que lanzar una campaña para desacreditar al organismo internacional y tratar de cuidar la imagen del gobierno federal, no reconocer el problema o buscar soluciones.
En una coincidencia propia de una coordinación para difundir propaganda, tanto la presidenta nacional de Morena, Luis María Alcalde, como el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, declararon que la ONU busca desestabilizar al gobierno mexicano.
El partido oficial no quiere resolver el problema de las desapariciones y busca evadir su responsabilidad como gobierno, pues para ellos su llegada a la presidencia es para gozar de los privilegios que ello conlleva, no para resolver los problemas que antes denunciaban y aprovecharon para ganar el poder.
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