Por: Marcos Pérez Esquer
Ya lo hemos mencionado antes en este espacio: el proceso de revocación de mandato es una vacilada a la que nadie debería hacer el caldo gordo.
Se trata de una burda simulación en la que lo único que ocurrirá es que se tirarán ingentes cantidades de dinero público que bien haríamos en destinar a otros menesteres, sobre todo en tiempos de crisis sanitaria, económica y de seguridad.
Es una tomadura de pelo que pretende poner en marcha el aparato electoral de Morena, auspiciado y financiado desde el gobierno, para afinarlo de cara a los procesos electorales venideros, y para distraer a la opinión pública, cual cortina de humo, respecto de los temas verdaderamente importantes para la Nación. ¡Habráse visto que sea el propio presidente el más interesado en echar a andar este proceso para su revocación!, y además con el embuste ese de por medio de que se trata de una ratificación. Si tanto le interesa la revocación, pues que renuncie y listo, así nos ahorra una lana y la innecesaria fatiga. Pero no, en realidad nadie está pidiendo que se vaya, la inmensa mayoría de las y los mexicanos, oficialistas y opositores, esperamos que cumpla con el período para el cual fue electo y punto; ni más ni menos. ¿Para qué tanto brinco, estando el suelo tan parejo?
Pero bueno, más allá de estas consideraciones, en el contexto de todo este asunto, ha saltado a colación algo que ha llamado la atención. Tal parece que el Ejecutivo federal está transminando sus estilos al Poder Judicial. Esos excesos como el del decretazo por el cual ordenó se incumplieran leyes en materia ambiental, ahora empiezan a verse también en la Corte.
Me refiero a la decisión de admitir a trámite la controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados para frenar el Acuerdo del INE sobre prorrogar el proceso de revocación de mandato. Increíblemente, de manera inédita, la Suprema Corte admitió este recurso en un asunto de carácter estrictamente electoral, lo cual en principio tendría constitucionalmente vedado. Este tipo de causas deben ser del conocimiento del Tribunal Electoral, y no de la Corte. El artículo 99 de la Carta Magna señala que “El Tribunal Electoral será con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. […]”. Pero además, ese mismo artículo señala mas adelante que “Al Tribunal Electoral, le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales, así como en materia de revocación de mandato.” Y finalmente, el artículo 105 le pohíbe expresamente a la Corte intervenir en este tipo de asuntos al disponer que “La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: […]”.
No cabe duda pues, que siendo un asunto meramente electoral, la impugnación del Acuerdo del INE no debió admitirse en la Corte sino en el Tribunal Electoral. Tanto es así que incluso el partido político Morena, y la presidencia de la República habían presentado sus propias impugnaciones ante dicha instancia.
Finalmente lo que la Corte ha dicho en este caso es que el INE no debe prorrogar el proceso, que debe hacer todas las actividades necesarias para llevar a cabo la revocación, porque de lo contrario se violaría el derecho de la ciudadanía de decidir sobre revocar o no el mandato presidencial.
Pero más allá de la decisión concreta, con la que uno puede o no estar de acuerdo, insisto en la desviación que significa la mera admisión a trámite y resolución de un asunto que corresponde a otra instancia decidir. Ahora resulta que la revocación de mandato no solo nos traerá pan y circo, sino también serias fisuras institucionales. Pero bueno, tal parece que las ministras de guardia, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos-Farjat, ambas propuestas por el presidente López Obrador, no resistieron el impulso por quedar bien con su mentor.
Posdata: En tiempos aciagos como estos, en medio de una terrible pandemia, y de una extendida crisis inseguridad, bien vale la pena detenerse un momento a dar gracias por la vida. Que tengas una muy feliz Navidad.
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