El argumento central tiene sustento: al insistir en que se investiguen las administraciones anteriores del INE, Claudia Sheinbaum amplía el terreno del escándalo y corre el riesgo de que las pesquisas alcancen relaciones empresariales que también comprometan a su gobierno. Conviene, sin embargo, distinguir entre los hechos documentados y las conexiones que todavía requieren pruebas: las revelaciones sobre Guadalupe Taddei y los proveedores electorales no demuestran por sí solas, responsabilidad penal de la expresidenta ni de otros funcionarios.
La revelación sobre los comedores del INE vuelve especialmente delicado el intento de trasladar el escándalo a los antiguos consejeros: el contrato de 2025 con Productos Serel, empresa hermana de La Cosmopolitana, también aparece en las grabaciones, junto con señalamientos de presuntos pagos ilegales. La misma empresa tiene contratos con dependencias federales durante el actual gobierno. La existencia de esos contratos está documentada; los sobornos mencionados en los videos, en cambio, siguen siendo acusaciones que deben investigarse.
La presidenta Claudia Sheinbaum parece haber encontrado en el escándalo del Instituto Nacional Electoral (INE) una oportunidad para trasladar responsabilidades hacia el pasado. El problema es que, mientras más insiste en señalar a los antiguos consejeros electorales, más amplio se vuelve el terreno de las revelaciones. Lo que comenzó como una crisis alrededor de Guadalupe Taddei amenaza con convertirse en un expediente incómodo también para Morena y el gobierno federal.
El fenómeno recuerda al llamado efecto Streisand: intentar contener una información o desviar la atención puede terminar dándole mayor difusión y haciendo visibles aspectos que, de otra manera, quizá habrían pasado inadvertidos. Sheinbaum ha pedido investigar no solamente la gestión de Taddei, sino también las de sus antecesores, particularmente la de Lorenzo Córdova. Incluso ha vinculado el origen de la red de proveedores electorales con decisiones tomadas desde hace más de una década.
La revisión histórica puede ser necesaria. Si hubo irregularidades, deben investigarse sin importar quién estaba al frente del organismo. Pero convertir esa exigencia en una estrategia política para demostrar que el problema viene de administraciones anteriores implica un riesgo: las auditorías y las investigaciones no tienen por qué detenerse en los nombres que convienen al discurso presidencial.
Las revelaciones más recientes ofrecen un ejemplo. En videos difundidos sobre la relación entre Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas surgió el tema de los comedores del INE. En una grabación, el contratista menciona presuntos pagos mensuales de un millón y medio de pesos relacionados con el servicio de alimentación y hace referencia a un porcentaje del contrato. El señalamiento apunta a La Cosmopolitana y a Productos Serel, empresa que obtuvo en 2025 un contrato del instituto por un monto máximo de 112.4 millones de pesos para operar comedores.
El asunto adquiere otra dimensión porque Productos Serel y La Cosmopolitana pertenecen al mismo grupo empresarial y han mantenido relaciones comerciales con dependencias del gobierno federal. Registros de contrataciones públicas muestran adjudicaciones a Productos Serel en instituciones como IMSS-Bienestar, el IMSS y otras entidades durante la actual administración. Esto no demuestra que esos contratos sean irregulares ni acredita que se hayan pagado los sobornos mencionados en el video. Pero sí abre preguntas que el gobierno no puede resolver simplemente señalando a los antiguos consejeros del INE.
Ahí está la contradicción política. Si la intención era presentar el escándalo como una herencia de gobiernos anteriores y alejar a Morena de Taddei, las nuevas revelaciones complican esa narrativa. La discusión ya no se limita a quién nombró a la exconsejera o desde cuándo operaban determinados proveedores. También alcanza a empresarios que han contratado con el gobierno de la llamada cuarta transformación.
Sheinbaum puede exigir auditorías y transparencia; de hecho, tiene la obligación de hacerlo. Lo que no puede esperar es que las investigaciones confirmen únicamente la parte de la historia que le resulta conveniente. La rendición de cuentas no admite investigaciones selectivas.
Con las elecciones de 2027 en el horizonte, cada nueva revelación puede convertirse en munición para la oposición. La insistencia presidencial, lejos de cerrar el caso, corre el riesgo de mantenerlo en el centro de la conversación pública. Y si el objetivo era que el costo político recayera exclusivamente en el pasado, el efecto puede ser exactamente el contrario: que el presente también termine bajo escrutinio.
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