El informe Censura electoral, elaborado por R3D, Article 19 y Access Now con el apoyo de Privacy International, plantea una tesis incómoda. Las autoridades electorales mexicanas, llamadas a cuidar la equidad de la contienda, se han convertido en promotoras de la remoción de contenidos en redes sociales. Su argumento central es que un modelo regulatorio pensado para radio y televisión se aplica por analogía a plataformas que funcionan con otra lógica, y que ello inhibe el debate público.
De la anécdota al patrón
Con los reportes de transparencia de Facebook y Google, el documento reconstruye una curva ascendente. En 2018 hubo ocho solicitudes de remoción en contextos electorales. En 2019 fueron 32, y en 2020 el informe contabiliza 69 en el primer semestre y 61 en el segundo. Ni las plataformas ni las autoridades precisaron qué dependencia solicitó cada retiro, qué infracción lo motivó ni si existía una resolución previa. El propio informe admite que, con esos datos, no es posible saber qué remociones fueron legítimas y cuáles silenciaron expresiones protegidas. La denuncia de opacidad es sólida. La conclusión de que se trata de censura sistemática, en cambio, descansa en una evidencia que el documento reconoce incompleta.
Criterios que se contradicen
El caso del Partido Verde ilustra la inconsistencia. En 2015, el INE dictó medidas cautelares contra 29 cuentas de Twitter por mensajes en veda, pero el Tribunal Electoral no multó a los influencers, al considerar que ejercían su libertad de expresión. En 2021, ante un episodio similar con 30 influencers en Instagram, el INE ordenó suspender los mensajes y pidió a la plataforma retirarlos. El informe califica la estrategia del partido como cuestionable, pero advierte que lo grave es la extensión indiscriminada de sanciones más allá de los actores políticos.
Periodismo bajo sospecha
En 2018, la comisión electoral de Jalisco ordenó bajar un reportaje de Aristegui Noticias y Anabel Hernández sobre el entonces candidato Enrique Alfaro, bajo la acusación de propaganda encubierta. El tribunal local resolvió en diciembre que no lo era, pero la nota había quedado fuera de circulación durante la campaña. El contraste con la jurisprudencia federal es notorio, pues la Sala Superior ha excluido al periodismo auténtico de la figura de calumnia electoral.
La violencia política de género como atajo
El capítulo final examina el uso de esta figura, cuya necesidad el informe no discute. Su objeción es que la ambigüedad de sus criterios permite aplicarla a particulares. Cita dos casos. En 2023, el INE ordenó al empresario Ricardo Salinas Pliego retirar mensajes sobre la senadora Citlalli Hernández. El informe admite que eran despectivos, pero sostiene que el INE carecía de competencia y que la Sala Superior revocó la medida días después. En el segundo, la Sala Especializada sancionó a la analista Denise Dresser por sus dichos sobre la diputada Andrea Chávez. La Sala Superior revocó esa resolución por unanimidad en febrero de 2024 y dejó sin efectos la sanción y las medidas de reparación. Ese desenlace refuerza el argumento de los autores, aunque también muestra que el sistema cuenta con instancias de corrección.
Lo que el informe no resuelve
Hay tensiones que el documento deja abiertas. Reconoce que las plataformas deben actuar contra la incitación a la violencia, como en los casos de Donald Trump y del Brasil de Bolsonaro, y que la equidad en la contienda es un fin legítimo. Pero no ofrece un criterio operativo para distinguir una remoción legítima de una abusiva, más allá de exigir resolución judicial, test tripartito y ponderación. Además, quienes defienden las medidas cautelares sostienen que la lentitud del proceso ordinario volvería inútil cualquier tutela frente a un daño electoral irreparable. Por último, el informe se detiene en 2023: no analiza el proceso electoral de 2024 ni lo ocurrido después, y proviene de organizaciones con una agenda explícita de defensa de la libertad de expresión, lo cual no resta valor a sus datos pero sí exige leerlos con ese contexto.
Una pregunta para el debate
Si ni las autoridades ni las plataformas explican con qué criterio retiran un contenido, ¿quién vigila al vigilante de la equidad electoral?
