En el complejo ecosistema de la seguridad pública en México, nos enfrentamos a una paradoja lacerante: quienes juran proteger a la ciudadanía y procurar justicia terminan, con alarmante frecuencia, compartiendo las mismas carpetas de investigación que los criminales que deberían perseguir. El uniforme y la placa no siempre actúan como barreras, sino como herramientas de cooptación sistémica que desdibujan la frontera entre el Estado y el crimen.
Ante este panorama de mimetismo institucional, surge la iniciativa Narcopolíticos, un esfuerzo de transparencia colaborativa entre Defensorxs, Pie de Nota y el periodista Óscar Balderas. Este registro busca romper la inercia de la impunidad social, exponiendo una cartografía del compromiso criminal que obliga a la sociedad a confrontar los nombres de quienes han traicionado la función pública.
El crimen no conoce colores partidistas
Al sumergirnos en esta base de datos, la geografía del compromiso criminal se dibuja con una frialdad que ignora los estatutos partidistas. La infiltración del crimen organizado no es el pecado de una sola ideología, sino un fenómeno transversal que atraviesa todo el espectro político mexicano: desde MORENA, con figuras como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presuntamente vinculado al Cártel de Sinaloa, hasta el PRI y el PAN, representados en figuras como Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, señalado por nexos con los Zetas.
Esta metástasis alcanza también a las fuerzas minoritarias y regionales. Encontramos a Mauro Jáuregui de Movimiento Ciudadano (MC) en Zacatecas, relacionado con el CJNG; a Ricardo Gallardo Cardona del Partido Verde (PVEM) en San Luis Potosí, vinculado al mismo cártel; e incluso casos históricos de larga sombra como el de Julio César Godoy Toscano, exdiputado del PRD, asociado a La Familia Michoacana.
Esta omnipresencia sugiere que no estamos ante anomalías individuales, sino ante una infiltración estructural. El crimen organizado no busca derrocar al Estado, sino habitarlo; para las organizaciones criminales, los partidos políticos son simplemente vehículos de gestión territorial. La colusión es una herramienta pragmática de supervivencia política que convierte a las instituciones en extensiones operativas de los cárteles.
De la oficina local al gabinete federal: Una escala de poder sin límites
La colusión en México no es un fenómeno confinado a los márgenes geográficos o a pequeños municipios olvidados por el centro. La lista de la «Narcopolítica» demuestra que los acuerdos con el crimen operan en una escala que escala sin obstáculos desde la periferia hasta los despachos más influyentes de la Ciudad de México.
Mientras en el ámbito local se procesa a directores de seguridad pública, en el nivel federal aparecen figuras que definieron la política de seguridad nacional, como Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Federal bajo el cobijo del PAN, o el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional vinculado al PRI. Esta jerarquía de complicidades revela un diseño institucional donde el poder criminal se asegura de tener interlocutores en cada piso del edificio estatal.
«La complicidad de los agentes estatales y privados con las organizaciones criminales ha sido fundamental para que estas organizaciones pudieran extender su poder y dominio por todo el país.»
El «Operativo Enjambre» y la caída de la seguridad municipal
El reciente Operativo Enjambre ha servido como un crudo recordatorio de que el control territorial del crimen comienza con la captura de la primera línea de defensa: las policías locales. Este despliegue puso bajo la lupa cómo las direcciones de seguridad pública son entregadas al mando de grupos como La Familia Michoacana o el CJNG para neutralizar cualquier resistencia institucional.
Entre las figuras clave capturadas o señaladas destacan Diego Rivera (alcalde de Tequila, Jalisco, bajo las siglas de MORENA-PRD), María Elena Martínez Robles (alcaldesa de Amanalco, Edomex) e Isidro Cortés Jiménez (Director de Seguridad Pública de Texcaltitlán). Aunque el operativo concentró gran parte de su fuerza en el Estado de México, casos como el de Rivera en Jalisco confirman que la estrategia de captura municipal es un modelo de negocios criminal estandarizado en todo el país.
Más allá de la política: La conexión con la iniciativa privada
La base de datos de Narcopolíticos arroja luz sobre un sector que suele evadir el escrutinio bajo el manto del éxito comercial: la iniciativa privada. La corrupción no termina en la boleta electoral, pues el capital criminal requiere de mecanismos de legitimación social y económica que solo los negocios de alto perfil pueden ofrecer.
Un caso paradigmático es el de Raúl Rocha Cantú, dueño de la franquicia de Miss Universo, señalado por presuntos vínculos con grupos delincuenciales. Más allá del flujo de dinero, este vínculo sugiere una estrategia de «lavado de prestigio», donde los recursos delictivos compran entrada a los círculos más exclusivos de la sociedad global. Es el blanqueo no solo de capitales, sino de estatus social a través de iconos culturales.
La justicia que llega desde el norte
Resulta sintomático que gran parte de la verdad pública sobre estos nexos no emane de los tribunales mexicanos, sino de las cortes en Estados Unidos. La justicia estadounidense ha fungido como el motor principal de exposición de la narcopolítica en México, evidenciando una debilidad —o falta de voluntad— sistémica en nuestras propias instituciones de procuración de justicia.
Nombres de exgobernadores y altos funcionarios como Tomás Yarrington (Tamaulipas), Edgar Veytia (exfiscal de Nayarit) y Roberto Borge (Quintana Roo) han tenido que enfrentar procesos o acusaciones en el extranjero. Esta dependencia de los expedientes foráneos plantea una interrogante crítica sobre la soberanía de nuestra justicia: parece que en México, la ley solo alcanza a los poderosos cuando los expedientes cruzan la frontera norte.
Un mapa para no perder la memoria
Plataformas de transparencia colaborativa como Narcopolíticos son ejercicios vitales para la salud democrática de una nación asediada por el silencio. Al sistematizar información de documentos de inteligencia y periodismo riguroso, estos registros se convierten en un mapa necesario para combatir la normalización de la violencia y la amnesia colectiva que tanto beneficia a los corruptos.
La impunidad se nutre del olvido y de la fragmentación de la información. Por ello, la existencia de estos archivos obliga a la sociedad a confrontar una realidad incómoda pero indispensable. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ciudadana al saber que las instituciones que sostenemos con nuestros impuestos son, con frecuencia, las mismas que administran nuestra inseguridad?
