Entre los puestos de mayor polémica en los últimos años es ser gobernador en las entidades federativas. Si bien, dentro de nuestro sistema político concentraban una gran fuerza en los territorios a su cargo, en la actualidad los controles que ejercen se han multiplicado, convirtiéndose en verdaderos y omnipotentes jerarcas.
En efecto, son todopoderosos al manejar de forma arbitraria los recursos públicos y, en paralelo, tienen acceso a una amplia gama de actividades financieras que les permite acumular impresionantes fortunas, prácticamente sin necesidad de rendir cuentas a nadie.
La federación les ha permitido empoderarse siempre y cuando mantengan los controles electorales necesarios para asegurar la mayoría en la Cámara de Diputados, pues es el área de mayor interés para el centro, dejándoles operar a su antojo.
Así, han venido trabajando, formando ejércitos electorales desde los gobiernos en turno, cooptando además a las autoridades y organismos electorales, lo que les permite tener un amplio margen de maniobra al contar con la maquinaria y los recursos humanos, materiales y económicos para imponer inclusive por encima de la legalidad a sus candidatos.
En esas andadas, han traspasado fronteras éticas, sus conductas se han excedido, los limites de la prudencia, la moderación y el apego a la legalidad se han visto severamente cuestionados, aspecto, que francamente les tenía sin el menor cuidado, pues mientras tenían la protección del gobierno federal, su impunidad estaba garantizada.
No obstante, en un breve periodo de tiempo las cosas han cambiado de forma radical para quienes desempeñan los gobiernos estatales. Todo comenzó cundo a la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Avila, le retiraron la visa para entrar a los Estados Unidos, sin que en realidad hubiese mayor explicación, no obstante, el vínculo en esa zona entre ambos países es muy estrecho al compartir un importante punto fronterizo.
Últimamente se han filtrado grabaciones de esta persona con autoridades norteamericana, donde está dispuesta a colaborar como informante del FBI y el Departamento de Justicia, además de haber contratado como su Abogado a Michael Nadler, especialista en delitos financieros y lavado de dinero.
Después vino un golpe brutal, el Distrito Sur por Nueva York, acusó formalmente al Gobernador de Sinaloa Ruben Rocha Moya y nueve personas más, de estar coludidos con el Cartel de Sinaloa. Entre los señalados se encuentra el General en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien ocupó el cargo de Secretario de Seguridad Pública en esa entidad, persona que voluntariamente se entregó a la autoridades de ese país.
Luego, un artículo publicado el 3 de junio de 2026 en el diario Los Ángeles Times, autoría de Steve Fisher y Kate Linthicum, dan a conocer que las autoridades estadounidenses, tienen una investigación y, por ende, les retiraron la visa en contra de los gobernadores de Tamaulipas y Sonora, a quienes se les atribuyen de participar en actividades del crimen organizado y huachicol.
Por último, también nos enteramos de que el pasado diez de junio del Gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, contrató al famoso lobista republicano, cercano al Presidente Trump, Roger Stone, cuyo perfil se especializa en obtener indultos.
Me pregunto, ¿Cuántos más?
