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Más de 2.6 millones de casos permanecían sin concluir en las fiscalías del país al cierre de 2024, sin contar los archivos temporales.
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Pese a la plena implementación en 2026 del sistema penal acusatorio, muchas fiscalías continúan operando con prácticas heredadas del antiguo sistema inquisitivo escrito.
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México Evalúa propone una agenda de mejora para las capacidades de las fiscalías del país, fortalecer la confianza ciudadana y elevar la calidad de la justicia.
México Evalúa presentó el estudio “Radiografía de las fiscalías en México: evaluar para fortalecer la procuración de justicia”. El análisis identifica los principales desafíos institucionales de las fiscalías del país y propone una agenda de transformación orientada a mejorar sus capacidades, fortalecer la confianza ciudadana y garantizar mejores resultados para las víctimas.
Las fiscalías son el punto neurálgico del sistema de justicia penal. Cuando una investigación no avanza, una víctima no encuentra respuesta o un delito queda impune, con frecuencia el problema se encuentra en esta etapa del proceso.
A pesar de la implementación del sistema penal acusatorio, que debió consolidarse plenamente desde 2016, muchas fiscalías continúan operando con prácticas heredadas del antiguo sistema inquisitivo, con estructuras verticales, procesos burocráticos y una lógica centrada en integrar expedientes, en lugar de construir investigaciones estratégicas orientadas a resultados.
El estudio identifica que la autonomía formal que han alcanzado 26 fiscalías estatales no necesariamente se ha traducido en autonomía efectiva. Persisten retos relacionados con los nombramientos, la profesionalización del personal ministerial, los sistemas de evaluación y la capacidad institucional para tomar decisiones basadas en objetivos claros.
La falta de resultados también se refleja en la percepción ciudadana. Actualmente, 62.9% de la población percibe corrupción en el Ministerio Público y las fiscalías estatales, mientras que sólo 33% de quienes las identifican les otorgan confianza. Estos niveles se han mantenido prácticamente sin cambios durante la última década.
Uno de los principales hallazgos del estudio es el rezago acumulado: al cierre de 2024 existían más de 2.6 millones de casos sin concluir en las fiscalías del país. Además, mecanismos como el archivo temporal se han utilizado en muchos casos como una forma de administrar la carga de trabajo, en lugar de aplicarse como una herramienta excepcional.
México Evalúa también señala la oportunidad de aprovechar mejor mecanismos previstos en el sistema penal acusatorio, como los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), los criterios de oportunidad, la suspensión condicional del proceso y los procedimientos abreviados. Su uso adecuado podría reducir la saturación institucional y ofrecer respuestas más rápidas a las víctimas.
Otro desafío identificado es la coordinación entre fiscales, policías y peritos. La investigación criminal requiere equipos integrados, herramientas tecnológicas y objetivos comunes. Sin embargo, muchas instituciones todavía carecen de sistemas digitales de gestión de casos, trazabilidad de investigaciones y mecanismos que permitan evaluar su desempeño.
El estudio destaca que medir únicamente la incidencia delictiva o el número de carpetas abiertas no permite conocer la efectividad de una fiscalía. Los indicadores deben enfocarse en resultados: casos resueltos, investigaciones judicializadas, sentencias y soluciones que atiendan las necesidades de las personas afectadas.
Durante la presentación, Mariana Campos, directora de México Evalúa, señaló: “Más allá de reformas constitucionales, se requieren políticas públicas basadas en evidencia y diseñadas mediante procesos deliberativos con todas las fuerzas políticas, actores de la sociedad civil, academia, especialistas y organismos internacionales especializados en el tema. Si queremos mejorar la justicia en México no podemos olvidarnos de las fiscalías.”
Por su parte, Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa y responsable del estudio, afirmó: “La transformación de la justicia no depende únicamente de cambios normativos. Fortalecer las fiscalías requiere reconocer sus desafíos operativos y construir soluciones que combinen autonomía, profesionalización, tecnología, evaluación y coordinación institucional.”
Para la presentación del documento se realizaron dos paneles con autoridades y expertos. Participaron: Bertha Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México; Mariana Benítez, diputada federal y miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados; Hugo Concha Cantú, académico e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Ana Lorena Delgadillo, especialista en derecho penal internacional; Federico Fernández Montañez, Fiscal General de Justicia de Coahuila; Bernardo León Olea, experto en temas de seguridad pública y justicia; José Antonio Montero Solano, Fiscalía General de la República (FGR); Gabriela Ortíz Quintero, Coordinadora de Política Criminal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; Mónica Patricia Pérez Ankarvall, Titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); Armando Vargas, Coordinador del programa de Seguridad Pública de México Evalúa y Gerardo Vázquez Alatriste, Fiscal General de Justicia de Guanajuato.
A partir de sus hallazgos, proponemos:
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Diseñar e implementar planes de transición institucional que permitan a las fiscalías abandonar prácticas heredadas del sistema inquisitivo y consolidar modelos de investigación estratégica.
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Fortalecer el servicio profesional de carrera, la capacitación continua y los mecanismos de evaluación del desempeño del personal ministerial.
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Crear sistemas integrales de gestión de casos con expediente electrónico, trazabilidad digital, análisis criminal y coordinación entre fiscalías, policías y tribunales.
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Construir indicadores de desempeño que midan resultados reales de justicia, más allá del número de denuncias recibidas o carpetas iniciadas.
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Mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la generación de información pública confiable para evaluar avances.
México Evalúa reconoce los esfuerzos que distintas autoridades han realizado para mejorar la procuración de justicia y considera que existe una oportunidad para construir una agenda común. La transformación de las fiscalías requiere diálogo entre gobiernos, instituciones de justicia, Congreso, academia, sociedad civil y organismos especializados.
