En un contexto de crecientes tensiones bilaterales, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, realizó una gira por Estados Unidos donde fue recibido por congresistas estadounidenses. Estos encuentros destacan en un momento en que Washington intensifica su escrutinio sobre presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado, particularmente tras las acusaciones del Departamento de Justicia contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros servidores públicos por supuesta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, sostuvo reuniones en el Capitolio con legisladores como la republicana María Elvira Salazar y Carlos Giménez, entre otros. Desde Washington, el líder priista expresó apoyo a operaciones conjuntas contra el crimen organizado y denunció la presencia de “narcopolíticos” en el poder, posicionando al PRI como defensor de la democracia y el equilibrio institucional. Esta estrategia refleja un esfuerzo de la oposición por internacionalizar la crítica al gobierno federal y presionar por mayor responsabilidad en materia de seguridad.
De manera similar, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, ha emergido como otra voz opositora con eco en Estados Unidos. Sus intervenciones sobre el caso Sinaloa, donde celebró las acusaciones estadounidenses y lamentó que la justicia llegue desde el exterior, han generado atención mediática. Téllez ha criticado públicamente la supuesta obstrucción a extradiciones y ha alertado sobre un posible “narcoestado”, ampliando el debate sobre la penetración del crimen en estructuras estatales.
Estas acciones generan posturas encontradas. Para sectores de la oposición y analistas críticos, el acercamiento a legisladores estadounidenses representa un mecanismo legítimo de presión ante la percepción de impunidad interna. Argumentan que la soberanía no exime de responsabilidad cuando la seguridad nacional y la vida de millones de mexicanos están en juego, y que la colaboración bilateral es esencial frente a un problema transnacional como el narcotráfico.
Desde la perspectiva del gobierno federal y sus simpatizantes, estos viajes y declaraciones constituyen una intromisión extranjera que debilita las instituciones mexicanas y roza la deslealtad. Se acusa a la oposición de buscar intervención externa para fines políticos internos, especialmente en un año sensible para la relación bilateral marcada por el T-MEC y la cooperación en seguridad. Críticos gubernamentales sostienen que tales gestos ignoran avances en la lucha contra el crimen y exageran casos aislados para deslegitimar al Ejecutivo.
El episodio ocurre mientras persisten debates sobre la efectividad de las estrategias de seguridad. Las acusaciones estadounidenses reviven cuestionamientos históricos sobre colusión en regiones como Sinaloa, pero también exponen limitaciones de la justicia mexicana y riesgos de judicialización internacional. Expertos advierten que, sin avances internos en transparencia y rendición de cuentas, la polarización solo profundizará, mientras el crimen organizado aprovecha divisiones políticas.
En última instancia, el protagonismo de figuras como Moreno Cárdenas y Téllez ilustra cómo la oposición mexicana intenta capitalizar la atención exterior en un entorno de desconfianza mutua. El desafío radica en que estas iniciativas fortalezcan la democracia y la seguridad sin erosionar la soberanía nacional. La responsabilidad última recae en las instituciones mexicanas para responder con hechos concretos a las demandas de justicia y gobernabilidad.
