Si algo han acreditado a lo largo de los años es que no saben perder. De una u otra manera buscan salirse con la suya y, cuando eso se complica, siempre doblan la apuesta. Es la doctrina del caudillo: quienes resistan a su voluntad deben pagar el precio y ser doblegados.
Antes recurrían a la presión, la amenaza y el chantaje; ahora que controlan poderes e instituciones, les basta con cerciorarse que el asunto se canalice a la instancia jurisdiccional que corresponda para obtener la resolución que desean. En lo que no han reparado es en las consecuencias de la ilegitimidad del régimen instaurado con su “transformación”.
Tenemos la experiencia del rechazo a la reforma constitucional en materia electoral, sucedió en el sexenio anterior, pero las circunstancias actuales son distintas. López Obrador insistió en que se votara su iniciativa regresiva sin tener la mayoría calificada y no fue aprobado su “Plan A”. La diferencia es que entonces había manera de detener su recargado y aun más autoritario “Plan B”.
En efecto, la derrota no lo arredró y de inmediato presentó reformas legales que favorecían a Morena, haciendo estructural la inequidad en la contienda, garantizando su hegemonía artificial en el Congreso y asegurando la captura del árbitro. Logró aprobarlas porque solo requerían el voto del 50% más uno, pero como violaban de manera flagrante la Constitución también naufragaron. La Corte no se dejó intimidar por el rencor presidencial y las declaró inconstitucionales. Teníamos una SCJN independiente, profesional y prestigiada… precisamente lo que se perdió.
La respuesta fue promover el “Plan C” que acabaría con la república, la justicia y la democracia. Pudieron aprobarlo gracias al acto golpista que les otorgó la espuria mayoría calificada que necesitaban para modificar la Constitución en solitario, convirtiendo ilegalmente el 54% obtenido en las urnas en 74% de curules en la Cámara de Diputados. Y en el Senado recurrieron a la compra y extorsión de senadores de oposición, usando incluso órdenes de aprehensión como moneda de cambio; no se preocuparon siquiera en disimular.
Lo único que falta por aprobar de aquellas despechadas propuestas de López Obrador es la reforma electoral. Se anticipa su rechazo constitucional porque los aliados de Morena, tanto el PT como el PVEM, saben que si la respaldan se afianzará el nuevo partido de Estado y no los van a necesitar nunca más. Sin ellos, el oficialismo no alcanza los 2/3 que requieren para aprobarla.
El problema es que la presidenta Claudia Sheinbaum ya adelantó que, si se confirma el rechazo, recurrirá a un “Plan B”, tal y como lo hizo su antecesor, cuyas manos en esto no pueden ocultarse. Lo que cambió es que la SCJN fue capturada con acordeones y nadie duda que prevalecerían las leyes aprobadas con mayoría simple por más inconstitucionales que sean. Con esa amenaza de palo y ofertas de candidaturas como zanahorias quisieron persuadir a los satélites rejegos, en el entendido que impondrían algo más regresivo e infame que lo que rechazarían en la reforma constitucional. Si resisten será porque saben que los necesitarán en 2027, pues la coalición es el ardid para sobrerrepresentarse por encima de los límites legales.
No hay precedente de cambio de reglas electorales por un solo partido. Pablo Gómez admitió que los recortes al INE vendrán en la legislación secundaria, confirmando los peores temores. La reducción de su presupuesto acabaría con buena parte del servicio profesional electoral. Las juntas locales y distritales dejarían de ser permanentes y se nombrarían trabajadores eventuales para sustituir a los profesionales que tienen 30 años de experiencia acumulada. No es difícil imaginar que serían contratados los que hoy portan chaleco guinda.
En cualquier caso, volvió la desconfianza en las elecciones y eso presagia conflictos poselectorales. Crearon un serio problema donde no lo había, en detrimento de la de por sí endeble gobernabilidad. Oposición y sociedad tendrán que desempolvar los fundamentos de la organización cívica de fines del siglo pasado para defender el voto y vigilar cada etapa del proceso. Con Morena regresó el fantasma del fraude electoral.
