La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo el 17 de enero de 2026 una reunión en Palacio Nacional con ocho economistas académicos y funcionarios de su gabinete para analizar el crecimiento y la fortaleza económica de México. El encuentro, calificado por el gobierno como un diálogo constructivo sobre bienestar y prosperidad compartida, ha generado interpretaciones contrastantes que reavivan el debate sobre la dirección económica del sexenio.
Según testimonios filtrados a Reforma por cuatro de los economistas convocados —Gabriela Dutrénit, Gerardo Esquivel, Juan Carlos Moreno-Brid y Fausto Hernández Trillo—, los especialistas plantearon abiertamente la necesidad de cuatro pilares para detonar el crecimiento: mayor inversión (pública y privada), certeza jurídica, innovación tecnológica y un Estado de Derecho sólido. Algunos de ellos subrayaron que la debilidad histórica del crecimiento mexicano (promedio 2% en las últimas cuatro décadas) obedece, entre otros factores, a la falta de confianza inversionista derivada de cambios institucionales abruptos y percepciones de debilitamiento del marco legal.
El gobierno federal presentó la reunión de manera distinta. En redes oficiales y comunicados, Sheinbaum enfatizó que el intercambio se centró en “crecimiento con visión de bienestar, prosperidad compartida y justicia social”, destacando la estabilidad macroeconómica alcanzada y la continuidad del modelo de la Cuarta Transformación. Fuentes cercanas al Ejecutivo interpretan las recomendaciones como compatibles con la actual estrategia: aumento de inversión pública en infraestructura, fortalecimiento del mercado interno y énfasis en soberanía energética y alimentaria.
La divergencia de narrativas alimenta la polémica. Sectores empresariales y organismos como el IMCO y México ¿Cómo Vamos? celebran que por fin se haya abierto un canal directo con economistas críticos que habían sido marginados en el sexenio anterior, interpretando el encuentro como señal de posible corrección de rumbo. En cambio, voces oficialistas lo ven como un ejercicio de pluralidad que no implica cambio de fondo, pues —argumentan— la actual administración ya logró récord histórico de inversión extranjera directa en 2025 (más de 42 mil millones de dólares) y mantiene finanzas públicas sanas.
El punto más sensible es el Estado de Derecho. Aunque ningún participante lo dijo explícitamente en público, analistas externos vinculan la exigencia de “certeza jurídica” con la reciente reforma judicial y la percepción internacional de mayor riesgo país tras la eliminación de organismos autónomos. Organismos como Moody’s y Fitch han advertido que la concentración de poder puede afectar la confianza de largo plazo, mientras el gobierno rebate que tales señalamientos responden a inercias neoliberales y que México mantiene calificaciones crediticias estables.
Queda la interrogante central: ¿incorporará Sheinbaum ajustes significativos que impliquen mayor apertura a la inversión privada sin controles estatales estrictos, o priorizará la continuidad ideológica del proyecto de Morena? El precedente de reuniones similares con empresarios —donde se anunciaron consejos de inversión pero sin cambios estructurales— alimenta el escepticismo de unos y la cautela de otros. En un año donde se revisará el T-MEC y el nearshoring sigue siendo oportunidad, la capacidad de la presidenta para sintetizar visiones opuestas definirá si el diálogo de enero fue un punto de inflexión o solo un ejercicio protocolario.
