Fue presentado el informe paralelo elaborado por una coalición de organizaciones civiles mexicanas ante el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU el 6 de enero de 2026. El documento, titulado «Derechos humanos y democracia: un panorama de retrocesos en diversos ámbitos», advierte sobre una erosión sistémica de los controles democráticos en México.
Uno de los pilares del análisis es la preocupación por la reforma judicial promulgada en septiembre de 2024, que estableció la sustitución de jueces de carrera por funcionarios electos mediante voto popular. Las organizaciones denuncian que este proceso compromete la imparcialidad y calidad del sistema judicial al relajar los requisitos para los candidatos y permitir la influencia directa del partido en el poder.
El informe destaca que la elección judicial de 2025 tuvo una participación ciudadana de apenas el 13%, lo que cuestiona la legitimidad del nuevo modelo. Además, la salida masiva de jueces experimentados ha provocado una parálisis en los juzgados, resultando en un aumento del 8.5% en la población penitenciaria entre enero y octubre de 2025 debido al retraso en las audiencias y el uso extendido de la prisión preventiva.
Opacidad y Desmantelamiento de Instituciones Autónomas
El análisis subraya un retroceso significativo en materia de transparencia tras la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en diciembre de 2024. Sus funciones fueron absorbidas por un organismo adscrito al Poder Ejecutivo, lo que elimina la figura del árbitro independiente.
Nuevas leyes aprobadas en marzo de 2025 ampliaron a 17 las causales para reservar información pública, permitiendo clasificar datos bajo términos ambiguos como «riesgo para la paz social». Asimismo, se condicionó la publicación de hechos de corrupción a la existencia de una sentencia firme, lo que limita la capacidad de la sociedad civil para fiscalizar el uso de recursos públicos.
Restricciones a la Sociedad Civil y Militarización
El espacio cívico en México enfrenta desafíos críticos debido a presiones fiscales y operativas. Desde 2019, se eliminaron los recursos federales para proyectos de desarrollo social implementados por organizaciones civiles y se extinguió el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). Reformas fiscales adicionales han reducido los incentivos para donativos privados, afectando la sostenibilidad de estas organizaciones.
En términos de seguridad, el informe alerta sobre la consolidación de un modelo militarizado, ignorando las recomendaciones previas de la ONU para el retiro gradual de las fuerzas armadas de labores civiles. La falta de mecanismos de control civil y la opacidad en la rendición de cuentas de las instituciones militares son señaladas como factores que incrementan el riesgo de violaciones a los derechos humanos.
Conclusiones del Examen Civil
El documento concluye que México atraviesa una fase de debilitamiento de los pesos y contrapesos fundamentales. La combinación de una reforma judicial cuestionada, la eliminación de órganos autónomos de transparencia y la creciente militarización genera, según las organizaciones, condiciones que favorecen el abuso de poder y la impunidad. El llamado al Comité de la ONU es a vigilar estrictamente el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en un entorno donde las salvaguardas internas parecen estar desapareciendo.
