La jornada electoral del pasado domingo sorprendió a México: el PRI perdió cuatro estados que había gobernado los últimos 87 años sin interrupción, el PAN ganó siete estados superando cualquiera de sus logros electorales previos, tres de ellos en alianza con el PRD, mientras que Morena se convirtió en la primera fuerza política de la Ciudad de México.
Más allá de las causas detrás de estos resultados, el 5 de junio nos abre la posibilidad de construir un mejor sistema político y consolidar la transición democrática que aún no termina de afianzarse.
Algunos señalan que los gobiernos federales del PAN debieron cambiar el sistema político con mayor profundidad, sin conformarse con haber sacado al PRI de Los Pinos. Es cierto que Vicente Fox y Felipe Calderón lograron transformaciones importantes, pero no fueron suficientes para evitar el retorno del PRI a la Presidencia de la República.
En 2010, PAN y PRD, a través de sus dirigentes César Nava y Jesús Ortega, impulsaron polémicas alianzas en estados que siempre habían sido gobernados por el PRI, logrando una transición en Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Ahora, para estas elecciones, Ricardo Anaya y Agustín Basave, con fuertes críticas y costos al interior de sus partidos, dieron un nuevo impulso a la construcción de una agenda electoral común. Los resultados demuestran que la apuesta tuvo éxito: Durango, Veracruz y Quintana Roo conquistaron la alternancia por primera vez en su historia.
Además, sin alianzas, el PAN triunfó en Aguascalientes, Chihuahua y Tamaulipas, y en Puebla acompañándose de partidos distintos al PRD. Ahora, Acción Nacional tendrá la responsabilidad de concretar buenos resultados en los gobiernos de once estados, desafío que nunca había enfrentado en su historia.
Pero mirando al futuro, ¿qué agenda podemos construir, más allá de 2017, que también vivirá elecciones importantes, y de 2018?
La ciudadanía alzó la voz urgiendo cambios y nuevas formas de hacer política, harta de la corrupción y la impunidad: 15 de las 32 entidades de la República serán gobernadas por la oposición al gobierno federal.
¿Y si se ampliara el acuerdo entre Ricardo Anaya y Agustín Basave a uno con alcances legislativos y en el seno de la Conago?
Tenemos antecedentes al inicio de la LXII Legislatura, cuando debatimos y aprobamos la Reforma Laboral, logrando la oposición unida imponer su agenda a la coalición del gobierno. Pero esto no ha vuelto a suceder.
Quizá valdría la pena aprender cómo el PRI usó a la Conago como su gran músculo tras su derrota presidencial en el año 2000: Los gobiernos estatales fueron el refugio de sus liderazgos, pero también concentraron el control y la negociación presupuestal con el gobierno federal. Fue justamente a partir de los estados desde donde el PRI se catapultó para recuperar la Presidencia, precisamente a través de su gobernador más visible.
Es cierto que numéricamente, 15 de 32 gobernadores de oposición no podrán imponerse con decisiones a través de votaciones mayoritarias, pero es un hecho que el Presidente de la República y su agenda de reformas no pueden avanzar sin un trabajo coordinado y cercano a los gobernadores. La realidad obliga al acuerdo, no a la imposición.
El federalismo mexicano es un modelo inacabado, con discusiones de modificaciones constitucionales permanentes, próximos a un periodo extraordinario de sesiones para debatir cómo funcionará la seguridad pública en los distintos niveles de gobierno.
La oposición tiene una nueva oportunidad para diseñar una agenda, para darle un cambio institucional trascendente a un sistema político que ha decepcionado a millones de mexicanos. PAN y PRD han sentado las bases electorales que pueden convertirse en mesas de acuerdos más amplios. Las victorias en los estados obligarán a construir una gobernabilidad no sólo con el Poder Ejecutivo federal, sino con los propios Congresos locales, electos con la misma pluralidad que se manifestó en la elección de los gobernadores. Probablemente el PRI y López Obrador sean los primeros en criticar esos consensos una vez más, pero la voz que realmente importa no es la de ellos, sino la que ya se expresó el 5 de junio, la de las y los ciudadanos.
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