Nos fascinan los actos públicos para anunciar reformas profundas que van a sacudir los cimientos de la nación, cuando en la realidad las cosas se ponen cada vez peor.
A Eduardo Sojo, ejemplo de responsabilidad en el servicio público. Toda organización humana perdura en cuanto constantemente renace.
Hermann Heller.
Padecemos una situación contradictoria: entre más leyes tenemos, más débil es nuestro Estado de derecho. En otras palabras, la cantidad de leyes es inversamente proporcional a su calidad. Curiosamente, a partir de la transición a la democracia se han generado distintos ordenamientos jurídicos que no corresponden a una buena técnica legislativa y que son, en la mayoría de los casos, letra muerta. Como ejemplos están las últimas reformas sobre transparencia, transición energética y la del Distrito Federal.
Hemos confundido normas jurídicas con políticas públicas, planes o proyectos de gobierno. Si una ley no precisa, con claridad, sujeto activo y pasivo de la relación jurídica, termina siendo un buen propósito, una intención o una proclama, pero nunca una auténtica y eficaz norma que verdaderamente modifique la realidad y conduzca al cambio. ¿Quién puede estar en desacuerdo con la generación de energía a través de fuentes renovables? ¿Quién puede objetar que nuestra vida pública sea más transparente? ¿Son temas que deben resolverse en el ámbito de lo jurídico o corresponden a otras áreas del Estado?
Requerimos que de nuevo se le otorgue al derecho un mínimo de respetabilidad, tanto en su conformación como en su cumplimiento. Los juristas insisten en que el derecho debe ser tocado con delicadeza y con una gran responsabilidad. En los momentos actuales, parece una obviedad insistir en que las leyes sean observadas de manera rigurosa. Sólo así recuperarán su prestigio.
Se está aprobando la legislación para convertir a las delegaciones en municipios y al DF en estado. Es evidente el deterioro en todos los órdenes de los gobiernos capitalinos autodenominados de izquierda y que no son más que la mafia en el poder del PRD y de Morena. El deterioro de los servicios públicos es indudable y el nivel de corrupción es escandaloso.
¿Qué puede contener la Constitución del nuevo estado? ¿Qué caso tiene un constituyente para elaborar un ordenamiento jurídico que no puede ir más allá de un bando de buen gobierno? Es preferible diseñar el gobierno de una ciudad integralmente ordenada y no el de un estado que únicamente lograría desarticular aún más todo el aparato administrativo.
Las leyes deben ser de posible cumplimiento. De lo contrario, se engaña con el derecho. Desafortunadamente preferimos las apariencias y no los contenidos. Nos fascinan los actos públicos para anunciar reformas profundas que van a sacudir los cimientos de la nación, cuando en la realidad las cosas se ponen cada vez peor.
En los próximos años deberán replantearse instituciones y políticas que no han funcionado. Sin un Estado de derecho sólido no marchan bien ni la democracia ni la economía social de mercado. Desde el derecho romano hasta el anglosajón se sostiene que las normas jurídicas a veces estorban en lugar de resolver problemas. Por eso el legislador debe actuar con el mayor profesionalismo, deliberar sobre cada iniciativa y esmerarse para, en la negociación y concertación, evitar distorsiones sin perder de vista los fines buscados. Debe hacer coincidir la realidad con los valores que protege la norma.
Las leyes son malas cuando no se precisa con claridad el bien que se pretende alcanzar. En medio de la enorme confusión actual y abrumados por los vientos de la globalización, se requiere una serie de principios que orienten los cambios. Tiene razón Julia Isabel Flores, “México es un país en tránsito. Sus emociones y valores son contradictorios pero no ininteligibles”.
Si el derecho no es confiable, todo lo demás carece de certidumbre.
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