Por: Marcos Pérez Esquer
En México estamos ya muy acostumbrados a la veda electoral, ese periodo que tiene dos grandes aristas: por un lado, es una esta etapa de reflexión que dura los tres días previos a la jornada electoral en la que no se pude hacer ningún tipo de propaganda electoral, y por otro lado, es la prohibición de realizar propaganda gubernamental durante todo el proceso electoral. Sin embargo, dado que por primera vez estamos en un proceso de revocación de mandato, han surgido dudas en torno al alcance que tiene la veda en este momento.
A grandes rasgos, se podría decir que para las y los particulares (y empresas), la veda consiste simplemente en abstenerse de contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de la ciudadanía en torno a la revocación. Fuera de esto, las personas son totalmente libres de opinar lo que les venga en gana en el momento y por el medio que les venga en gana.
Para las personas servidoras públicas en cambio, el asunto es mucho más delicado. No importa si se trata de el orden federal, estatal o municipal, todas las personas que tengan una comisión, empleo o cargo en el gobierno, deben abstenerse de utilizar recursos públicos para dar a conocer sus acciones y logros. Es decir, no solo se trata de lo estrictamente relacionado con la revocación de mandato sino de cualquier asunto público. Entre el 4 de febrero y el 10 de abril, ninguna persona que trabaje para el gobierno podrá usar recursos públicos para dar a conocer sus actividades. Ahí donde usted reside, su alcalde o gobernador, por ejemplo, deberá abstenerse de promover las obras públicas que tenga por inaugurar, o los programas sociales que esté implementando.
Parece absurdo, ¿qué tiene que ver un programa social implementado en algún municipio, con la revocación de mandato del presidente de la República? Quizá nada, pero se ha considerado que podría influir en la decisión ciudadana.
El asunto tiene una arista adicional: nadie excepto el INE puede difundir el proceso de revocación, así lo establece el artículo 35 constitucional, y por ello la Suprema Corte les ha impedido a los partidos políticos promover la revocación, sea a favor o en contra. Curiosamente, sí podrán tener representantes de casilla. Así de incongruente es nuestro sistema. Se trata de un sistema que ha llegado al extremo de pretender impedir que las y los políticos hagan política.
Pero hay que poner atención en los detalles. Durante el proceso de revocación de mandato, estas prohibiciones implican la imposibilidad que tienen las personas servidoras públicas de usar recursos públicos para difundir ese proceso, es decir, para hacer propaganda en torno al mismo, o para hacer propaganda respecto de cualquier tema de gobierno (salvo asuntos de educación, salud o protección civil). Pero hacer propaganda significa usar recursos públicos -así lo indica la Ley General de Comunicación Social-, es decir, si leemos el asunto con cuidado, nada impide que alguien, aunque trabaje para el gobierno, opine o hable de lo que le venga en gana si no utiliza el erario para ello, esto es, si lo hace de manera espontánea en ejercicio de su libertad de expresión.
Subyace sin embargo otro problemita: el horario laboral. Hacer esas expresiones durante el horario de trabajo, implicaría el uso de recursos públicos, ya que se le está pagando para utilizar ese tiempo en el servicio público, y no para que propague sus muy particulares opiniones. Así que, en sentido estricto, tendría que esperar a estar fuera de su horario laboral para poder manifestarse, pero, ¿qué pasa con las y los alcaldes, gobernadores, legisladores, o con el propio presidente de la República? ¿cuál es su horario de trabajo? No conozco pronunciamiento jurisdiccional específico al respecto para el caso del presidente, pero para los demás, el Poder Judicial sostiene que están en servicio las 24 horas, de lunes a viernes, o sea que solo podrían hablar con libertad los sábados y domingos. Sí, absurdo de nuevo, ¿de verdad un alcalde deja de ser alcalde los sábados y domingos? Es un sinsentido.
Y para el caso del presidente, que es quien está en la boleta en este momento, lo cosa es aún peor, ¿podrá hablar del proceso en algún momento? ¿podrá aparecer -por ejemplo- en el evento de inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles el próximo 21 de marzo? Las preguntas son muchas, por lo pronto el INE ya le pidió suspender sus mañaneras, y por supuesto, él ya se molestó.
Curioso, quien con sus protestas propició que el sistema electoral adoptara todas estas aberrantes reglas, es ahora el que se molesta por ellas.
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