Me dio tristeza leer que el INE ha decidido que los trabajadores que preparan la realización de las elecciones en el estado de Guerrero se abstendrán de usar ropa que los identifique como tales.
El eufemismo con el que el Instituto Nacional Electoral ha calificado esa estrategia es “discreción”.
Por lo visto, ha ganado el temor a lo que puedan hacer durante los próximos tres meses los delincuentes y, sobre todo, los maestros rebeldes para entorpecer el ejercicio del derecho ciudadano de elegir a autoridades y representantes.
Es una pena, porque coadyuvar a que la expresión de la voluntad popular se haga realidad —mediante la capacitación de los funcionarios de casilla, entre otras acciones— debiera ser algo que se hiciera con orgullo, no a escondidas.
Algo similar sucede en Oaxaca, donde el INE también tiene un plan B: designar sedes alternas para instalar casillas, pues una de cada cinco se coloca tradicionalmente en escuelas. Como éstas son controladas por la Sección 22, que ha amenazado, igual que la CETEG en Guerrero, con boicotear los comicios, el INE cree que así le puede sacar la vuelta a la consigna magisterial.
En algún lugar me he de haber perdido, pero, que yo sepa, las escuelas públicas siguen siendo propiedad de la nación, no de particulares sindicalizados.
Aquí no hay vuelta de hoja: las decisiones del INE —un órgano autónomo del Estado mexicano—, en Guerrero y Oaxaca, representan una claudicación.
Quizá usted esté pensando que dado que el INE no tiene fuerza pública, ¿cómo diablos le va a hacer para instalar casillas y recoger el voto de los electores en lugares donde los poderes fácticos han dicho que, por sus pistolas, no va a haber elecciones?
Evidentemente, el INE no tiene fuerza pública, y qué bueno que así sea. Pero tiene la prerrogativa de convocar a la fuerza pública para la realización de su trabajo cuando las condiciones lo ameriten.
Decidir que el personal del INE deba jugar al gato y al ratón con la CETEG y la Sección 22 me parece de una tremenda indignidad. Creer que así se van a resolver las cosas, me resulta muy ingenuo.
La empresa FEMSA Coca-Cola tampoco tiene fuerza pública. Cuando vio que las condiciones de inseguridad en Guerrero estaban no sólo mermando su negocio sino poniendo en riesgo a su personal hizo un anuncio que todos entendieron: retirarse de Chilpancingo hasta que pudiera operar con normalidad.
No, no estoy proponiendo que el INE baje sus cortinas y se olvide de organizar las elecciones en Guerrero (por cierto, qué grave es que el gobierno estatal se esté resistiendo a colaborar con el dinero que le toca para la instalación de las mesas únicas de votación, que operarán lo mismo para las elecciones federales que para las locales).
Lo que estoy proponiendo es que el INE haga un reconocimiento público de la imposibilidad de organizar elecciones en un ambiente contaminado por truhanes y radicales, y, en ese sentido, haga un llamado enérgico a la Federación y al gobierno estatal para modificar esa situación.
¿Acaso nadie defiende a la democracia representativa en este país? ¿Nadie va a sacar la cara por el derecho de ejercer el voto de los mexicanos? ¿Vamos a permitir que la delincuencia organizada y un sindicato extorsionador impongan sus condiciones sobre todos los demás?
Ha sido inevitable comparar la actitud del INE en Guerrero con la dignidad y elegancia mostrados por dos policías auxiliares de la Ciudad de México, que con toda eficiencia evitaron que dos presuntos estudiantes, quienes, con pretexto de sentirse representantes únicos del “pueblo” y, supuestamente en protesta por el aumento del precio del boleto y las fallas en la Línea 12, pretendían abordar el Metro sin pagar boleto.
Ayer comenté el caso en esta Bitácora. El martes por la noche invité a los oficiales Lourdes Tec y José Gregorio Chávez al estudio de Excélsior Televisión para que hablaran sobre su experiencia en Titulares de la Noche.
Me impresionó la congruencia de estos servidores públicos. Ojalá sean reconocidos por sus jefes, porque lo que hicieron es muy importante.
Con la aplicación estricta del protocolo que han aprendido, desbarataron el discurso victimista de los polizones —“yo también soy pueblo”, les aclaró la oficial Tec— y los llevaron al otro lado de los torniquetes, que acababan de brincarse. Allí los conminaron a comprar su boleto si es que querían viajar en el tren.
Los policías Tec y Chávez portan muy bien el uniforme y hacen valer la ley. Todo ciudadano debiera sentirse orgulloso de ellos. Ojalá el INE actuara igual, con la misma firmeza y la misma dignidad.
Lamentablemente, tenemos una práctica doble muy perniciosa en este país, que ya se ha vuelto costumbre: por un lado, aprobar leyes barrocas, detalladas hasta la náusea, supuestamente a prueba de cualquier desconfianza e imprevisto, y, al mismo tiempo, ceder ante la exigencia de crear excepciones para la aplicación de las mismas leyes.
¿Por qué seguir tropicalizándolo todo y legislando o reformando las normas ante la menor queja o complicación, como si así fuera posible llegar un día al Shangri-La jurídico? ¿Por qué no aplicamos simplemente la ley, la que tenemos?
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