Los morenistas se quejaron ante el INE al advertir que Alejandro “Alito” Moreno, en su calidad de dirigente nacional del PRI, había difundido a nombre propio y en publicaciones oficiales de su en partido, calificando a la organización guinda como “narco-partido”, mote que ha causado profundo malestar a quienes lo encabezan.
Así, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral a quien le correspondió conocer del asunto, el pasado 29 de julio, ordenó el retiro de las diversas publicaciones del PRI y, a su presidente nacional Alejandro Moreno, que se abstuviera en adelante de referirse a Morena como narco-partido, borrando de sus redes sociales las alusiones al respecto.
En esa consideración, la reacción del líder priista fue la de anunciar que impugnará la resolución del INE, ante las instancias jurisdiccionales, sin embargo, en el fondo, la intención es continuar poniendo sobre la mesa el tema, pues le otorgaron en bandeja de plata elementos para una deliberación política con epicentro en el punto.
Si el objetivo del partido oficial era retirar de la discusión política el tema de Morena como un narco-partido, la estrategia utilizada ha sido no solo deficiente sino completamente contraproducente, pues coloca la nota en el eje del debate político nacional.
El Revolucionario Institucional con el mote pretendía provocar al oficialismo y, con la resolución del INE, consigue su objetivo, que además involucra a toda la oposición, se abren las puertas para llevar a cabo un amplio ejercicio de deliberación social al respecto, poniendo a Morena en el ojo del huracán.
La cuestión ahora consiste en la percepción pública juzgando al partido del gobierno en su relación a los nexos con la delincuencia organizada, circunstancia que fue alentada tanto por los propios morenistas como por el Instituto Nacional Electoral, aspecto que evidentemente ya forma parte de la agenda nacional.
Saben perfectamente que existe gran material que además se ha ido acumulando y está a la vista de todos, constituyendo un acervo que sin lugar a duda conduce a inferir vínculos con personajes severamente cuestionados al pertenecer a organizaciones criminales.
Tal es el caso de Sergio Carmona y Hernan Bermúdez, ambos cercanos a los círculos del poder en el partido oficial, el primero ejecutado en Monterrey; el segundo actualmente preso y procesado por delitos de crimen organizado.
Asimismo, el gobernador Ruben Rocha y el Senador Enrique Izunza, los dos reclamados por la justicia norteamericana y protegidos por el régimen morenista, acusados de apoyar al cartel de Sinaloa.
También, por motivos similares han cancelado las visas para ingresar a los Estados Unidos a distinguidos militantes de Morena, incluyendo a la gobernadora de Baja California, siendo famosas las grabaciones donde está dispuesta a colaborar con la información de Seguridad Nacional que obtuvo como mandataria, ofreciéndola a los Estados Unidos para obtener beneficios personales.
En fin, son muchos los episodios y personajes que alimentan la percepción al respecto, máxime que cada día se descubren acontecimientos que surgen a la luz pública robusteciendo esa apreciación, sin ver esfuerzos de su parte para limpiar la imagen que salpica a todo México.
