El problema es que en el grupo redactor no hay constitucionalistas ni expertos en el tema. Los verdaderos conocedores y académicos han calificado este proceso como una aberración
El jefe de gobierno dio a conocer los nombres de los 28 notables que tendrán la responsabilidad de redactar el documento de proyecto de nueva Constitución, que será discutido y en su caso, aprobado por la Asamblea Constituyente.
La Asamblea Constituyente estará integrada por 100 diputados: 40 designados y 60 electos mediante listas de los partidos políticos y una lista con candidatos independientes —si los hay— en el proceso de elecciones del 5 de junio de este año. El día 15 de septiembre se instalará formalmente y recibirá de parte del grupo redactor el proyecto de Nueva Constitución que presenta el jefe de gobierno, el cual deberá quedar aprobado a más tardar el 31 de enero del próximo año.
Se busca que la Nueva Constitución sea promulgada el 5 de febrero de 2017 justo en el centenario de la Constitución General de la República, como si fuese una pretensión o anticipo de una nueva Constitución General para el país.
El problema es que en el grupo redactor no hay constitucionalistas ni expertos en el tema. Los verdaderos conocedores y académicos como es el caso de Diego Valadés y Raúl González Schmall, han calificado este proceso como una aberración de lo que pudiera ser un constituyente.
La primera desviación grave señalada está en el hecho de que el proyecto sea presentado por el actual jefe de gobierno; la Asamblea Constituyente es, ante todo, soberana y por lo tanto está obligada a analizar propuestas e iniciativas de expertos, colegios, universidades y ciudadanos que deseen participar. Se trata de concretar un documento que refleje el sentir de la población, con espíritu de armonía entre todos y que a su vez, dé sentido de unidad e identidad a los capitalinos.
En la presentación del grupo de notables, el jefe de gobierno pontifica que la nueva Constitución será “liberal y progresista”, como queriendo reafirmar lo que su gobierno definitivamente no es. Los impresionantes rezagos que sufre la Ciudad en materia de seguridad, justicia, empleos, servicios, transparencia y rendición de cuentas, están muy lejos de una visión “progresista y liberal”.
Sin embargo, la expresión es preocupante porque más bien anticipa el interés de imponer la agenda de ciertos grupos en temas que les llaman “progresistas”, muchas veces, en contra de la opinión mayoritaria de la sociedad. Esto implicaría imponer una Constitución “ideologizada”, contrario a lo que debiera ser una Ley Fundamental. Por esta razón, y para garantizar que esta nueva Constitución sea de carácter “general”, sería muy conveniente que la ciudadanía organizada exijamos que el documento aprobado, sea llevado a referéndum, como sucede en los países democráticos del mundo.
Las constituciones de los países que viven la libertad y la democracia son sencillas y breves. Reconocen los derechos fundamentales de las personas y la libertad de expresión y participación. En nuestro país, por el contrario, la Constitución General ha recibido tal cantidad de adiciones y modificaciones que ya no puede reconocerse. Ha habido reformas absurdas, como por ejemplo la del Art. 41 que establece las pautas y tiempos de participación de partidos políticos en campañas, lo cual, evidentemente, corresponde al ámbito reglamentario de una ley secundaria pero no de la Constitución.
Éste es el riesgo al que nos enfrentamos los capitalinos frente a un proceso viciado de origen, con una mala reforma y peor procedimiento, que pueden terminar en algo peor a lo que ya tenemos.
Necesitamos mucha mayor participación ciudadana e involucramiento en la discusión de la nueva Constitución, para que alcancemos esa ley fundamental de todos y para todos que nos dé espacio para discutir y zanjar diferencias, pero sobretodo, que promueva la unión y refrende la identidad de una ciudad como la nuestra. Una Constitución sin adjetivos.
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