Tráfico y uso de armas en el mundo: algunas notas segunda parte

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Al comentar un estudio del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS por sus siglas en inglés) acerca de los asesinatos de masas en ese país, en la colaboración anterior señalé que abundaría sobre el caso de México.

Al respecto, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra) publicó un análisis sobre las lesiones de causa externa por armas de fuego durante el periodo 2000-2007.

Indica también el documento que, a nivel global, regional y local la violencia ha surgido como un tema significativo en los ámbitos de salud pública, seguridad, economía y de gobernabilidad de México.

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Muestra además, que la existencia y disponibilidad de armas de fuego es un factor crucial para entender el problema de la violencia. La violencia y el delito impactan de forma adversa el capital social, afectan el clima de negocios y dificultan las capacidades del sector público para gobernar.

Durante el periodo que comprende el estudio, de 2000 a 2007, ocurrieron en México 79 mil 784 homicidios. De ellos, en 52 por ciento de los casos se utilizaron armas de fuego.

Mientras que en el año 2000, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 10.15, en 2004 descendió paulatinamente hasta registrar una tasa de 8.82. En los dos años siguientes registró un incremento, y en 2007 disminuyó nuevamente a 8.38, una de las tasas más bajas en décadas.

Si nos referimos a las causas externas de la mortalidad, los homicidios son la segunda causa de muerte, solo después de los accidentes de tránsito, y en algunos grupos de edad, como el de 25 a 44 años, son la principal causa de muerte.

Que los homicidios aparezcan como causa de muerte en todos los grupos de edad en lugares preponderantes nos habla de la urgencia de contener la violencia. Ello a pesar de que su comportamiento no ha sido homogéneo a lo largo de los recientes años, ni en las entidades federativas del país.

Entre 2000 y 2007, la mayoría de los homicidios se concentraron en el Estado de México (18 por ciento del total), seguido del Distrito Federal (nueve por ciento), Guerrero (siete por ciento), Chihuahua, Michoacán y Oaxaca. con seis por ciento cada uno, Jalisco (cinco por ciento) y Baja California, Sinaloa y Veracruz, cada uno con cuatro por ciento.

Del análisis de la información disponible, las entidades federativas con mayor tasa de homicidios por arma de fuego son Guerrero, Michoacán y Sinaloa.

Un análisis a partir del género arroja que en 2007, 87.6 por ciento de las víctimas de homicidio, en general, fueron hombres, y el 12.4 por ciento restantes, mujeres. En los homicidios de hombres, en 60 por ciento de los casos se utilizaron armas de fuego, mientras que en los de mujeres la presencia fue de 35 por ciento.

Uno de los pocos estudios disponibles sobre el tema, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, indica que los mexicanos consideran que las principales amenazas para el país provenientes del exterior son el tráfico de drogas (49 por ciento), el tráfico de armas (17 por ciento) y una crisis financiera internacional (11 por ciento).

Señala, asimismo, que 56 por ciento de los mexicanos dijo tener conocimiento de que en su comunidad circulan armas de fuego de manera clandestina.

No obstante la existencia de cada vez mayor información estadística sobre la violencia, tales como porcentajes, tasas, lugares de ocurrencia y métodos, entre otros aspectos, el análisis teórico sobre cuáles son las causas específicas que la generan sigue siendo limitado y fragmentado.

En México, las notables diferencias entre los sistemas de registro de salud y de procuración de justicia impiden tener un diagnóstico preciso sobre la violencia. De ahí que se requiera contar con un sistema de información único para clasificar los homicidios.

El pasado 10 de agosto, a puerta cerrada, en el salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, el titular de la misma encabezó la presentación de la encuesta sobre motivos de la violencia en México. Llama la atención que, según la información disponible en medios, no se revelaron datos del estudio.

Los legisladores estaremos pendientes de su oportuna difusión, pues representa una herramienta que permitirá fortalecer e institucionalizar la política nacional de prevención social.


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