Topo Chico y la crisis del sistema penitenciario

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El sistema penitenciario en los estados está en crisis desde hace tiempo

El sistema penitenciario de nuestro país está en crisis y las reformas siguen esperando.  La tragedia del penal de Topo Chico, en Nuevo León, que le costó la vida a decenas de personas, exhibió una vez más la situación de las cárceles estatales: sobrepoblación, control del crimen organizado, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, deficiente o nula labor de reinserción social. Todo al amparo de la corrupción de custodios, directivos, e incluso autoridades gubernamentales.

El sistema penitenciario en los estados está en crisis desde hace tiempo. En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se puede notar que, particularmente Topo Chico,  los números estaban mal desde 2014.  En ese diagnóstico, usted puede encontrar cosas como éstas:

1. El Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico tiene la capacidad para alojar 3,635 internos y  al día de la visita tenía 4,585.

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2. El desafortunadamente conocido Centro (supuestamente “preventivo y de reinserción social”) de Topo Chico está reprobado.

3. Los rubros en los que ni siquiera alcanza la calificación de 5 son —nada más y nada menos— los que se refieren a “aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno” así como el de “condiciones de gobernabilidad”.

4. Ese informe señala los indicadores que llevaron a esas calificaciones. Escribo sólo 3 sobre la garantía de la integridad de internos: sobrepoblación y hacinamiento; deficiencias en los servicios para mantener la salud y deficiencias en la prevención y atención de incidentes violentos.

5. En relación con las condiciones de gobernabilidad, 3 de esos indicadores son: insuficiente personal de seguridad y custodia; falta de capacitación del personal penitenciario; y presencia de cobros por parte de custodios y de internos. Al parecer el control de confianza aplicado en Nuevo León para policías, no se aplicó para quienes manejan los centros penitenciarios.

Los diagnósticos de las instituciones no pueden ser un dato para la academia y para el estudio; debe ser la base de decisiones políticas. Pero además, el 21 de agosto de 2015, durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se firmó un acuerdo para el “Fortalecimiento del Sistema Penitenciario” a fin de que todos los penales del país cuenten con protocolos homologados de operación e infraestructura, combatir la corrupción y expedir una Ley Nacional de Ejecución Penal. Hasta el momento no se ha presentado ninguna iniciativa legislativa.

Por otra parte, de acuerdo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales 2015 del Inegi, durante 2014 hubo una población penitenciaria en centros de readaptación estatales de casi 230 mil internos. 88% de los presos se encuentran acusados de cometer delitos del fuero común y 12%, delitos federales. Dos datos escalofriantes: uno, en  2014 ingresaron casi 230 mil personas a los Centros de Readaptación Social y ese mismo año salieron 206 mil, es decir, las cárceles estatales tienen puerta giratoria; y dos, que en 2014 casi 17 mil personas abandonaron alguno de los centros de reclusión tras haber resultado absueltos por un juez. ¿Cuántas de esas 17 mil personas eran inocentes y nunca debieron haber pisado la cárcel? ¿Cuántas eran culpables y nunca debieron salir?
La solidaridad con las víctimas de lo sucedido en Topo Chico, también se expresa con el esfuerzo que hagamos todos para que no vuelva a pasar y se haga lo necesario para que el sistema penitenciario sea reformado desde una perspectiva de derechos humanos y de seguridad nacional.

Es momento de retomar las iniciativas de reforma presentadas ante el Congreso o enviar otras, pero este asunto ya no se puede postergar.


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