Los hechos ocurridos en el penal de Topo Chico son una señal preocupante para una región desarrollada, como es Nuevo León.
Sobre todo cuando las actividades destacadas del gobernador muestran a un mandatario estatal más cercano a las aspiraciones electorales de distintos candidatos independientes en otras entidades federativas, que a los diagnósticos de su administración y las demandas de la sociedad neoleonesa. Un gobernador con signos de desconocimiento respecto del proceso de construcción y colaboración institucional entre órdenes de gobierno, para aliviar gradualmente la inseguridad sufrida en el estado.
“Se les acabó la fiesta a los bandidos” y “en tres meses a partir de hoy tendré conocimiento del gobierno (estatal) completo”, dijo, desde octubre pasado, el gobernador de Nuevo León en el marco de su toma de protesta. Sin embargo, la realidad es otra. Durante semanas las notas periodísticas narran que la fiesta siguió para los presos de Topo Chico en celdas de lujo, con acceso a baño sauna, puestos de abarrotes y hasta un bar al interior de la cárcel. Todo frente a las autoridades penitenciarias y de la supuesta revisión administrativa que él mismo anunció. De esta manera, el fin a los privilegios se da como consecuencia de los hechos en el penal y no de una decisión estratégica de gobierno en favor de la legalidad.
La sociedad de Nuevo León ha sufrido en carne propia los impactos negativos del crimen organizado. La rivalidad entre cárteles sembraron temor e inseguridad en muchas de las comunidades de ese estado. Basta recordar el incendio del Casino Royale como botón de muestra para revivir la gravedad del fenómeno. Las sentencias penales de los criminales que son sometidos a la justicia son producto de un largo trabajo jurídico, en el cual muchas veces los testigos que logran sustentar los casos son ciudadanos víctimas de la criminalidad. En este sentido, es lamentable que hayan mantenido vivos los privilegios a quienes cometieron delitos agraviantes a la sociedad.
La falta de criterios y seguimiento en materia de impartición de justicia de Nuevo León le falla a la sociedad, pero también a las instituciones. El gobernador salió tarde a los medios y lo hizo con datos imprecisos. Intentó deslindarse de la situación vivida en Topo Chico, señalando que no se pueden arreglar en tres meses las malas decisiones del gobierno anterior, sin embargo tampoco ha tenido acciones ni definiciones contundentes en la materia. La falta de renovación oportuna de convenio con fuerzas federales, su resistencia sin argumentos sólidos al Mando Único y la propuesta poco viable de hacer leyes diferenciadas por regiones, son síntomas de un gobierno desenfocado en su tarea inmediata de mitigar riesgos.
Peor aún, el gobernador de Nuevo León parece desconocer que es con trabajo coordinado e intenso entre los tres órdenes de gobierno, no con desmarques políticos, como se restablecen las condiciones de seguridad. Muchas serán las áreas de revisión de política pública en esa entidad, pero el proceso de fortalecimiento institucional realizado en casi una década en materia de seguridad debe continuar. En contextos así, la fuerza militar es tan importante como la voluntad política del mandatario estatal. Su titubeo y actitud del “dejar pasar” en el arranque de su administración, habla mucho de la poca firmeza en este importante reto.
Pocos cambios habrá de esperar la sociedad neoleonesa si la atención de su gobierno estatal está puesta en cautivar las redes sociales, en favor de una serie de candidatos independientes de otras entidades y a costa del cumplimiento de su mandato legal. Al margen de discutir lo ético y la legalidad de tener a un gobernador haciendo proselitismo abierto en favor de terceros, las comunidades de Nuevo León merecen un liderazgo político apegado al compromiso de gobernar.
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