Por: Diego Fernández de Cevallos
Que lo sepa y entienda bien el mundo entero: en México, el Dominus et Deus (Señor y Dios) cancela cuando le da su real gana los contratos firmados por el gobierno, sin justificar su decisión ni considerarse obligado a indemnización alguna. Así lo informó, henchido de patriotismo, su preclaro ornator.
Lo anterior deviene de la singular manera de interpretar lo que impone a todo funcionario público el artículo 128 constitucional: “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. ¡Y vaya que las tienen guardadas y resguardadas, para ultrajarlas impunemente!
Que “el pueblo volverá a ser dueño de la electricidad” es una falacia patriotera, retrógrada y empobrecedora, por la sencilla razón de que toda ella cuesta adquirirla y transmitirla, y los consumidores pagaremos más por usarla.
Diferente sería afirmar que el servicio de energía eléctrica es de interés público y se procediera en consecuencia.
Al Estado compete garantizar que ese bien llegue a los consumidores en la cantidad requerida y con la calidad y precios mejores.
Para conseguir lo anterior, es imprescindible que el gobierno tome decisiones inteligentes y realistas para limpiar, fortalecer y hacer competitiva a la CFE, haciéndola una empresa (verdaderamente) productiva del Estado.
Difamar, atracar y ahuyentar a los inversionistas privados, nacionales y extranjeros desapareciendo los órganos reguladores autónomos y dejando ese servicio público bajo el control caprichoso de un pequeño grupo de burócratas ineptos, corruptos y enfermizamente ideologizados que miran al pasado, solo puede generar desabasto, carestía, mayor contaminación, desconfianza internacional y, en cascada, freno a la economía y mayor pobreza.
Si el gobierno impidiera y castigara cualquier abuso cometido por empresas particulares y el robo constante perpetrado por consumidores (muchos de ellos azuzados por TARTUFO en el sureste), cumpliría con su deber, fortalecería a la CFE y a la industria y beneficiaría a la población.
Si el gobierno corrigiera el marco normativo para garantizar la competencia justa de todos los productores de esa energía, manteniendo el monopolio en su conducción, desde sus fuentes hasta los consumidores, y cobrando lo justo a las empresas privadas por aprovechar las redes de la CFE, fortalecería a ésta y haría eficaz la soberanía del Estado.
Reducir arbitrariamente el porcentaje que puedan aportar los privados, y señalar como mínimo para la CFE 56 por ciento, garantiza a ésta ese margen de incompetencia y le permite seguir contaminando el medio ambiente, en daño a la salud pública y violando tratados internacionales.
Ciertamente estamos en manos de los legisladores federales y estatales, pero la sociedad debe rechazar este catastrófico proyecto del depredador.
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