Sin sustento legal ni apoyo social consulta en Baja California

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La denominada Ley Bonilla sigue dando de que hablar, no es para menos, la burda maniobra para ampliar el mandato del gobernador electo de dos a cinco años, amén de ser un evidente fraude a la constitución, también puso de manifiesto formas al más puro estilo huertista: complicidades y sobornos.

En su desesperación el candidato de Morena, ahora gobernador electo y principal beneficiario Jaime Bonilla, ha jugado con los tiempos alargando su publicación para su entrada en vigor y, en ese esquema se le ocurrió la estrategia de legitimar el acto a través de un respaldo ciudadano, así se organizó una consulta pública.

El ejercicio carece de sustento legal y menos aún vinculatorio, por supuesto tampoco contó con criterios cualitativos, simplemente un enfoque a modo que le permitiera una justificación para defender sus ambiciones de poder y los tramposos enredos legislativos.

Ahora transcurrida la jornada, el ridículo se hace presente. De acuerdo a los resultados preliminares la participación ciudadana se estima alrededor del 1.5%, del total. De esa cifra alrededor del setenta porciento aprueba su postura de ampliar el mandato, es decir el uno porciento del universo ciudadano, lo que significa que después de tanta barbaridad y una conducta al margen de la legalidad, el pueblo le dio la espalda.

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Es curioso que conocidos los resultados de la consulta, el Presidente por fin habló dejando de lado el compromiso de no involucrarse en el tema. Anticipó que será la Suprema Corte quien resuelva en definitiva a la par que sostuvo que los legisladores que aprobaron la ampliación del mandato pueden admitir que se equivocaron.

Sin embargo, el precedente ya se escribió como una alerta en la historia del país, Jaime Bonilla va a entrar a gobernar el Estado de Baja California con el sello de cacique, al estar dispuesto a pisotear la constitución, corromper a los legisladores y enfrentar al sistema con prácticas ilegales y antidemocráticas para continuar en el poder.

El llamado Estado de Derecho se rompió en Baja California por la ambición de un solo hombre y, aún que no ha terminado el episodio final, el desenlace en términos constitucionales es indudable, no obstante, el desgaste ocasionado, el descrédito provocado, el riesgo evidenciado y el entramado institucional socavado, son motivos suficientes para poner orden.

De antemano estamos conscientes que el capítulo se dejará pasar sin consecuencia alguna, erosionando aún más los principios fundamentales que sostienen al país y la cultura democrática mexicana, circunstancia que es susceptible de alentar innovadoras e ilegales prácticas para satisfacer apetitos personales.
Total no pasa nada.

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