El día 22 de noviembre se acusó a los jóvenes de los delitos de terrorismo, motín, tentativa de homicidio y delincuencia organizada, las imputaciones se reclasificaron y quedaron como Asociación Delictuosa, Tentativa de Homicidio y Motín.
El pasado jueves 20 de noviembre se llevó a cabo una marcha en la Ciudad de México para reclamar justicia por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. La consigna generalizada fue para pedir justicia por los jóvenes y para acompañar a los familiares. Se habla de decenas de miles de asistentes. A juicio de los medios de comunicación y usuarios de las redes sociales, ésta fue la protesta más numerosa que ha tenido la Ciudad de México en décadas. Personalmente apoyo por convicción y de corazón la causa.
Fue una protesta pacífica, los medios de comunicación coincidieron en que los contingentes marcharon en orden y sin violencia. Fue hasta el final cuando unos cuantos encapuchados quisieron empañar el movimiento y romper la paz que prevaleció durante todo el recorrido.
Desde días antes supimos que esta marcha interrumpiría el tránsito vehicular en algunas zonas y que se bloquearían algunas vialidades. Sabíamos que sería un día complicado para la Ciudad de México. Fue complicado, pero durante la marcha, prevaleció el orden.
Sin embargo, al finalizar la protesta en el Zócalo se documentaron violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Los antimotines reprimieron por igual a los encapuchados violentos, ciudadanos, periodistas y estudiantes. Los casos de detenciones arbitrarias se volvieron a repetir.
El mismo día, fueron detenidos y remitidos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada 11 jóvenes. Claramente hubo violación de derechos humanos. Varias asociaciones civiles lo documentaron y lo han denunciado.
El día 22 de noviembre se acusó a los jóvenes de los delitos de terrorismo, motín, tentativa de homicidio y delincuencia organizada, las imputaciones se reclasificaron y quedaron como Asociación Delictuosa, Tentativa de Homicidio y Motín. Los detenidos ya fueron trasladados a reclusorios en el interior de la República.
¿Hay protocolos de atención coordinados entre el GDF y el Gobierno Federal?
El domingo, más de 50 organizaciones civiles y activistas defensores de derechos humanos hicieron un pronunciamiento: “El sistema de justicia no debe de ser utilizado para inhibir la protesta social y se debe garantizar el derecho a la libre reunión y asociación pacífica”.
La denuncia de las organizaciones por detenciones arbitrarias es resultado de la falta de protocolos para atender marchas, protocolos que deberían existir y que son responsabilidad tanto del Gobierno Federal como del Gobierno Local.
La firma de estos protocolos lleva pendiente más de dos años y la falta de los mismos, es el resultado que en la actualidad no exista una adecuada observancia a los derechos humanos para quienes se manifiestan, e incluso para quienes hoy han sido detenidos con razón o sin ella.
Historia de la falta de protocolos coordinados…
Desde 2012 el Gobierno Federal anunció la firma de un protocolo de marchas para la Ciudad de México. En aquel entonces el Subsecretario de la Segob Obdulio Ávila dijo que lo que buscaba ese protocolo era atender las movilizaciones, es decir, marchas, plantones y bloqueos que padece la ciudad, a través de este instrumento que sería firmado entre los gobiernos federal y local.
Dicho convenio entre el Gobierno Capitalino y el Gobierno Federal buscaba dar tratamiento antes de la protesta, durante y después de la misma, sin embargo, no se ha concretado, por lo que es urgente que se formalice y las Comisiones de Derechos Humanos del DF y Nacional, deben exigir que se lleve a cabo.
El PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha impulsado el respeto a la libertad de expresión pero también al resto los derechos humanos y por eso, desde el año pasado hemos pedido al secretario Héctor Serrano que firme ese convenio con la Secretaría de Gobernación Federal para que cada autoridad haga suyas las responsabilidades que le tocan y que cualquier tipo de manifestación se dé en el marco del respeto de los derechos humanos. Queremos evitar más casos de abusos como los registrados en el Zócalo el #20NovMX.
El año pasado durante la comparecencia del secretario Héctor Serrano le pregunté sobre el proceso del compromiso del que he comentado, sin embargo, el secretario dijo que por falta de tiempo no se había concretado.
En febrero de este año el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández y una servidora solicitamos a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal y la Secretaría de Gobierno del DF que informaran a la Asamblea legislativa el estatus que guarda la firma del protocolo para desactivar, neutralizar, inhibir y minimizar las manifestaciones que llegan a la ciudad, pero tampoco hemos tenido respuesta.
Controversia Constitucional
Con la aprobación de la Ley de Movilidad que impulsamos en el PAN y que se aprobó este año, se estableció que la movilidad es un derecho fundamental de todos los capitalinos.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad ya que considera que la Ley de Movilidad viola el derecho a la libre manifestación. El tema ya lo atiende la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desde mi particular punto de vista, considero que ambos derechos están en el mismo nivel. Uno no sofoca al otro y ya no estamos hablando de un tema jurídico, sino ejecutivo y de protocolos de seguridad para proteger a los ciudadanos.
Hace unos días el diputado Alberto Martínez Urincho, señaló que es necesario modificar el artículo 212 de la Ley de Movilidad el cual indica que para realizar cualquier tipo de concentración humana decreta como necesario dar aviso con 48 horas de antelación.
Creo que es importante reiterar que la Asamblea Legislativa ha llegado a la conclusión de esperar que la Suprema Corte emita un posicionamiento antes de hacer una reforma a la Ley. La SCJN es el máximo órgano en esta materia y nosotros hemos externado nuestra confianza ante los análisis que vaya a emitir, y cualquier reforma previo al dictamen sería inoportuna, pero sobre todo sería no darle su lugar a la Suprema Corte.
En el PAN consideramos que el protocolo que actualmente se sigue para dar tratamiento a manifestaciones debe ser integral con el Gobierno Federal y alinearse a la Ley de Movilidad.
Por eso el pasado 30 de septiembre interpuse un Punto de Acuerdo con el que exigimos a la Consejería jurídica del gobierno del Distrito Federal y a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, que realizaran un nuevo protocolo de actuación policial que atienda a lo ordenado por la Ley de Movilidad en materia de marchas y manifestaciones y que prevea la actuación que tendrá la policía capitalina para el caso de atender dichos eventos, ya sea que se haya realizado el aviso respectivo de 48 horas o no.
Quiero reiterar que el PAN no está en contra de las manifestaciones, por el contrario, estamos a favor de que todas las muestras de expresión tengan cabida en la Ciudad de México y que el Estado que es el responsable directo de la seguridad de los ciudadanos, pueda resguardar los derechos de quienes se manifiestan.
Por los acontecimientos que se siguen presentando en la ciudad, quiero hacer un llamado enérgico y exigir a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que inicien una queja de oficio por la falta de protocolos integrales de atención y coordinación en manifestaciones.
Mientras no haya compromiso, coordinación y capacitación real entre el Gobierno Local y el Gobierno Federal para atender las marchas, seguiremos siendo testigos de detenciones arbitrarias, violaciones a los derechos humanos y abuso del poder por parte de la policía capitalina.
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